Redacción Análisisurbano.com
Medellín invierte miles de millones de pesos en seguridad cada año, dichos recursos están enfocados, principalmente, en el fortalecimiento de la operatividad policial, la inteligencia y la tecnología. Eso debería servir para que la ciudad respirara paz, seguridad y convivencia, cosa que no parece suceder ya que en la mayor parte de sus comunas y corregimientos la seguridad y la convivencia la garantiza el Pacto del Fusil, que cumplió dos años de vigencia el pasado 13 de julio. A diferencia de los pactos que otrora se hacían entre el crimen organizado y sectores de la institucionalidad, este lo hacen las organizaciones paramafiosas entre ellas, no quiere decir que dicho acuerdo no tenga la protección oficial.
El Colombiano acaba de publicar el artículo: ¿Tiene Medellín lugares vedados para la fuerza pública?, escrito por el periodista Mateo Isaza Giraldo, quien formula esa pregunta que pareciera tener una obvia respuesta por parte de la institucionalidad, “Vargas Colmenares asegura que hay grandes retos para cumplir y es enfático en insistir que la ciudad no tiene sitios vedados: ‘Que hay estructuras criminales las hay, pero que como autoridad no pueda ingresar o tenga que pedir permiso a alguien para hacerlo, de ninguna manera. La autoridad entra porque entra’”. Respuesta dada por Sergio Vargas Colmenares, secretario de Seguridad.
Análisisurbano.com difiere de la afirmación tajante realizada por el funcionario ya que, siendo cierto que la fuerza pública sí puede ingresar a cualquier lugar de la ciudad, es claro que no lo hace para quedarse y recuperar el territorio del accionar criminal, tan solo asume labores de control, capturas y decomisos, pocas veces, por no decir nunca, ha desmantelado las bandas, mucho menos estructuras como la llamada Oficina de Envigado, que lleva operando más de treinta años en Medellín y el resto del Valle del Aburrá, y menos aún a la que se instaló en 2010, los Urabeños.
Igualmente se ha detectado, desde el año 2000, que el ingreso y el accionar de la Policía se ha visto truncado muchas veces por las asonadas que realizan habitantes de los sectores, ya sea por presión de los ilegales o por simpatía con los mismos, dichos encuentros crecen año tras año ante la impotencia de la institucionalidad.
¿Si la Fuerza pública no tiene sitios vedados, por qué el Bloque Sierra de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, o Urabeños, tiene control militar, político y social en una parte de la comuna 8?
¿Si no hay sitios vedados para la institucionalidad, por qué las 35 agrupaciones Convivir que operan en la comuna 10 (Centro) se pavonean como dueñas del territorio?
Finalmente, a modo de reflexión, ¿qué será mejor para Medellín, fortalecer la logística y la operatividad de la Policía, lo cual trae un continuo despilfarro de recursos públicos o, por el contrario, depurarla y posteriormente blindarla ante el acoso permanente del crimen, que conoce que la principal debilidad se encuentra en los paupérrimos sueldos que reciben los patrulleros de esa institución uniformada y sus lugares de residencias que terminan siendo los mismos donde el crimen cogobierna?
Esta reflexión debería ser tenida en cuenta por el próximo alcalde —ya que el actual la niega o la desconoce—, y por el nuevo Concejo que resulte elegido —si es que se renueva—. Medellín no puede seguir siendo la ciudad de los pactos entre criminales y mucho menos entre estos y sectores de la institucionalidad, así no se puede construir la ciudad con miras al posconflicto.
