Concejo de Medellín llevó a cabo de manera virtual el segundo Foro EPM Reflexiones de Ciudad, en el cual se abordaron los aspectos administrativos de la empresa.
En este nuevo encuentro, el presidente del Concejo, Luis Bernardo Vélez Montoya, señaló la importancia de avanzar y tener insumos para encontrar las verdades de muchas situaciones que no están claras para la ciudadanía, tales como la responsabilidad social, el gobierno corporativo, lo jurídico y legal, y el tema tratado hoy, lo administrativo y financiero.
Aseguró que EPM merece y siempre ha necesitado un control político riguroso, inteligente, responsable, y sobre todo un control ciudadano. Si es una empresa pública, entonces hay lugar para la participación de todos, dijo el Corporado.
Concluyó su intervención, resaltando la importancia de generar estos espacios y poner en la agenda pública a Empresas Públicas de Medellín, escuchando diversas voces que nos ayuden a vislumbrar el presente y el futuro de la misma, lo cual alimenta la democracia en la ciudad.
Cabildantes que participaron del foro, expresaron que la crisis actual de EPM no es coyuntural, sino estructural y que no comenzó con la solicitud de conciliación y la posterior renuncia de los ocho miembros de la junta directiva, sino debido a las inversiones en el exterior sin cumplir con los criterios mínimos de rentabilidad, las grandes adiciones y atrasos en los últimos proyectos realizados, y el alto endeudamiento, pero que el interés de todos los presentes finalmente era el de cuidar y proteger a EPM.
Resaltaron su preocupación por las inversiones que concuerdan o no con el objeto social de la empresa, conociendo de antemano que no iban a dar utilidades, demostrado en los resultados financieros que estuvieron muy por debajo de lo proyectado en los planes de negocio. Manifestaron de igual forma su intranquilidad con que para EPM, la Contraloría General de Medellín y el Concejo, no tienen competencia ni control de las inversiones realizadas en otros países aun cuando se hacen con dinero público.
Para terminar cuestionaron el Plan de Austeridad de Empresas Públicas de Medellín, el incumplimiento de las políticas de la empresa que vienen desde años anteriores, los seguros de Hidroituango por daño emergente, la venta de activos de EPM y el aumento del lucro cesante por las demoras en el proyecto Ituango.
Por su parte, el gerente de Planeación Financiera de EPM, Juan Carlos Castro Padilla, socializó en el Foro la situación financiera de la empresa desde el año 2003 al 2019, explicó que las inversiones fueron de $ 8,4 billones de pesos, con retornos de $ 10,6 billones de pesos. Además, dijo que a la fecha se cuenta con un patrimonio de $ 23,8 billones de pesos y un portafolio de inversiones que superan los $ 11 billones de pesos. Se espera que para el 2022 las inversiones sean por más de $ 14 billones de pesos.
Por otro lado también indicó que los proyectos tienen un componente de moneda nacional y extranjera que se afectan por los efectos de devaluación, dificultades en ejecución de los proyectos y el aumento de los costos, pero que vienen trabajando en el cumplimiento de los compromisos y exigencias del ente regulador, la ciudadanía y en las mejoras de la prestación del servicio. De esta forma trabajan en la confianza entre EPM y los inversionistas.
Para finalizar, expresó que el cumplimiento de los objetivos depende de la operación de Ituango y el pago del seguro por la contingencia. Resaltó que en 65 años de historia, EPM ha entregado excedentes al municipio por más de $ 15,2 billones de pesos, lo que en los últimos años ha significado el 20 por ciento de sus ingresos totales.
Por su parte, Diana Carolina Torres, contralora general del Municipio de Medellín, dijo que EPM es la empresa más importante de la ciudad y es genera alrededor del 65 por ciento de la utilidad neta del conglomerado público, mostrando su importancia y crecimiento. Se refirió a las acciones de la entidad en relación a la vigilancia de EPM.
Expuso algunos hallazgos relevantes con incidencia fiscal desde el 2016 hasta el 2019, tales como pagos sin soportes, sobrecostos de la interventoría en algunas obras, reconocimiento doble por conceptos de administración, entre otros.
Informó que a la fecha existen en trámite 75 expedientes con procesos de responsabilidad fiscal, valorados en más de 1 billón de pesos y en las auditorias realizadas a las empresas del grupo EPM en las vigencias socializadas, se recuperaron recursos por más de 5,900 millones de pesos.
En el foro participaron expertos que compartieron su mirada respecto al tema, uno de ellos fue Rafael Isaza, exdirector de Impuestos y Aduanas, y columnista de El Colombiano, quien cuestionaba el crecimiento de EPM como un crecimiento a crédito.
Hizo un llamado al Concejo de Medellín a hacer seguimiento con atención y prudencia a esta empresa que es pública y le pertenece a todos, además, agregó que no es un tema para estar tranquilos sino para tomar medidas a tiempo. EPM requiere un manejo más austero que el dado hasta ahora, está enferma y siguen insistiendo en que le dé sangre a otros. Es necesario mirar hacia delante, y pensar en qué se debe hacer y cómo para saber proceder de la manera más adecuada, enfatizó.
A su turno, Luis Fernando Múnera, ingeniero civil y director de Planeación de EPM entre 1992-1999 coincidió con que los recursos de la entidad son de la comunidad y debería ser una obligación cumplir con el Código de Buen Gobierno. Manifestó que las decisiones de las últimas semanas han violado el rigor administrativo cuando el Alcalde tomó decisiones fuera de la Junta Directiva poniendo en riesgo calificaciones internacionales, al igual que nombrando una nueva junta que, a su modo de ver, no tiene conocimientos específicos en el área.
Por último, solicitó al Alcalde de la ciudad escuchar con respeto y humildad las voces ciudadanas que se están levantando en torno al tema. Es hora de concordia, de prudencia, de reflexión, de volvernos a unir razonable y activamente para proteger a EPM, concluyó el experto.
