Guaviare, Colombia, 4 junio de 2025.- Más de 10.000 personas se encuentran confinadas en el departamento del Guaviare como consecuencia de los enfrentamientos armados entre dos facciones de las disidencias de las FARC: el Estado Mayor Central (EMC), liderado por Iván Mordisco, y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), comandado por Calarcá Córdoba, con quien el Gobierno adelanta actualmente un proceso de paz.
Informa El Espectador que, desde el pasado 26 de mayo, los choques armados entre grupos disidentes se han intensificado en zonas rurales de San José del Guaviare. Las autoridades y organizaciones sociales reportan ráfagas de fusil, amenazas a líderes comunitarios, reclutamiento forzado de menores y desplazamientos de familias campesinas atrapadas entre el fuego cruzado.
La situación se agravó con la imposición de un bloqueo armado por parte del Frente 44, comandado por Iván Mordisco, en la conocida “Trocha Ganadera”, una vía estratégica que conecta cerca de 60 veredas del sur del país.
Este bloqueo ha generado un confinamiento masivo que afecta gravemente la movilidad de la población civil. Se ha impedido el acceso a alimentos, medicamentos y atención médica, además de la suspensión forzada de clases en varias instituciones educativas rurales, dejando sin escolaridad a más de 170 niños y niñas.
Disputa por el control territorial en Calamar
Según El Espectador, el avance del grupo liderado por Calarcá Córdoba hacia zonas tradicionalmente dominadas por el Estado Mayor Central (EMC), como el municipio de Calamar, ha desatado una respuesta violenta por parte del bloque comandado por Iván Mordisco.
El experto Kyle Johnson, investigador de la Fundación Conflict Responses (CORE), explicó al medio citado que este enfrentamiento forma parte de una disputa estratégica por el control de rentas ilegales en regiones clave como Guaviare, Caquetá y Meta.
“Calarcá ha querido extender su presencia a zonas como Calamar, fuera de su influencia habitual. El EMC ha respondido con fuerza para frenar esta expansión”, señaló Johnson.
Esta pugna territorial ha derivado en una grave crisis humanitaria que mantiene a miles de civiles atrapados entre los combates y expuestos a constantes violaciones de derechos fundamentales.
ONU y Defensoría del Pueblo emiten alertas
La Defensoría del Pueblo advirtió que la violencia entre los grupos armados ha desencadenado una ola de vulneraciones a los derechos humanos en el departamento del Guaviare. Ante este panorama, el organismo solicitó al Gobierno Nacional la instalación urgente de un Puesto de Mando Unificado en San José del Guaviare, así como la activación de mecanismos humanitarios que garanticen la libre circulación y brinden asistencia inmediata a la población confinada.
Por su parte, informa EFE, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia también se pronunció este miércoles, exhortando al Estado colombiano a adoptar medidas efectivas e integrales para proteger a las comunidades vulnerables, incluidos niños, adolescentes, pueblos indígenas Nukak, Jiw y Sikuani, así como líderes sociales.
“Urgimos al Estado a prevenir nuevas vulneraciones, y a los actores armados a respetar el derecho internacional humanitario”, indicó el organismo en su comunicado.
El pronunciamiento se da en medio de múltiples denuncias por desapariciones forzadas, reclutamiento de menores, restricciones al ingreso de personal médico y desabastecimiento de bienes esenciales. Entre las comunidades más afectadas figuran Charras Boquerón, San Francisco, Guacamayas y Cámbulos, todas ubicadas en la zona rural de San José del Guaviare.
La situación sigue siendo crítica y exige una intervención urgente del Estado para evitar un agravamiento de la crisis humanitaria que ya golpea a más de 10.000 personas confinadas.
A.U.