Luego de que siete militares aceptaran haber violado a una niña embera chamí de 12 años de edad en Risaralda, el fiscal Francisco Barbosa imputó el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, en calidad de autor a seis y otro como cómplice. Pese a que el funcionario pidió que sean enviados a prisión común y no a instalaciones militares, la decisión causó polémica. ¿Por qué? Hablamos con un abogado para que explicara la situación.
El abuso sexual se da cuando una persona tiene una relación íntima consensuada pero por ser menor de edad o estar en condición de discapacidad no puede consentir legalmente. Y una violación se da cuando la persona no accede voluntariamente a mantener relaciones sexuales con otra. Esa es la primera aclaración del abogado Francisco Bernate en conversación en Señal de la Mañana, de Radio Nacional de Colombia. Entonces, ¿cuál es la crítica?
“Cuando se habla de violación estamos diciendo que los siete soldados la violaron, la ultrajaron contra su voluntad. Cuando se habla de abuso sexual estamos diciendo que la niña consintió la relación con los siete hombres. Y ahí hay un mensaje muy grave”, explicó Bernate.
En la legislación colombiana la pena para ambos delitos, tanto para el acceso carnal abusivo como para el acceso carnal violento, las penas son iguales. Es decir, los militares pagarán los mismos años de cárcel así sean imputados con cualquiera de los dos cargos. Pero -alega el abogado- el problema es el mensaje simbólico que se da a la sociedad.
“¿A ti te parece que una niña, sola, decidió tener relaciones sexuales consentidas con siete hombres, que además estaban armados, a los que no conocía, una niña de 12 años? Porque lo que nos están diciendo es que hubo una relación sexual consentida pero que la ley no avala ese consentimiento. Yo no creo, eso fue una violación”, expresó Bernate.
El abogado hizo una comparación con el caso en España de ‘La Manada’, en el que un grupo de cinco hombres violó a una joven de 18 años en medio de las fiestas de San Fermín. La víctima denunció a los agresores por violación, pero tribunales de Navarra lo consideraron en primera instancia como abuso sexual, lo que generó movilizaciones multitudinarias en todo el país hasta que el Tribunal Supremo lo determinó como violación.
“En ese momento en España se dijo que para que hubiera violación la mujer tenía que tener una resistencia heroica: puños, patadas, mordiscos, que si eso no se veía era abuso sexual. En Colombia el argumento para no aplicar la violencia es porque la prueba no se ha presentado, lo que me temo es que lo que están buscando es que en el cuerpo del agresor haya puños, patadas, mordiscos, y eso es muy grave”, manifestó Bernate.
Para el abogado, la Fiscalía desconoce que la legislación colombiana describe que hay violencia en todo evento donde la persona no pueda consentir. Y que -según él- el afán de entregar resultados rápidos en un caso que ha sido mediático, los llevó a decir que no tienen pruebas de la violencia.
“¿Pero cuál es la prueba? Eso es lo que me preocupa, en ese contexto la prueba de violencia está clara: una mujer con siete hombres armados, qué opción tenía, eso es violencia. (…) Ni a los 12, ni a los 18, ni a los 45, ni a los 50 años una mujer consentiría tener relaciones sexuales con siete hombres a la vez. Aquí se está revictimizando a una mujer”, concluyó.
La Fiscalía responde
Ante estas críticas de varios abogados penalistas, el fiscal general, Francisco Barbosa, se defendió alegando que en Colombia se haga bien o se hagan mal las cosas siempre se va a juzgar a las entidades.
“Este país es el país de palo porque bogas y palo porque no bogas, este es el país del cójanlo, cójanlo, cójanlo como dice el contralor general, y este es un país donde las críticas arrecian ante las reacciones institucionales y las críticas arrecian cuando no hay reacciones institucionales”, dijo.
Barbosa señaló que lo verdaderamente importante es que en 72 horas se capturó, se dictó una medida restrictiva de la libertad y estos hombres aceptaron su responsabilidad en un delito que los llevará a hasta 30 años de prisión.
Tomado de Radio Nacional
