¿Cuánto le cuesta al Estado judicializar a un consumidor de droga?

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Iván Duque Márquez, presidente de la República, sancionó el Decreto 1844 de 2018 que «prohíbe poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas». La Sentencia C-221 de 1994, de la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Carlos Gaviria Díaz, determinó que la dosis personal de marihuana son 20 gramos, de hachís 5 son gramos y de cocaína —o perico— es 1 gramo.

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La Corte y el decreto consideran que «no es dosis para uso personal el estupefaciente que la persona lleve consigo, cuando tenga como fin su distribución o venta, cualquiera que sea su cantidad».

La Corte Suprema de Justicia profirió, en 2016, una sentencia de Radicado 41760, siendo magistrado ponente Eugenio Fernández Carlier, que determinó que los jueces deben eximir de responsabilidad penal a las personas que porten estupefacientes para el consumo personal, independiente de las cantidades. Es decir, la dosis de aprovisionamiento, contemplada en 50,2 gramos, siempre y cuando se demuestre ser adicto [Ver sentencia].

Con el nuevo decreto la Policía, si sorprende en el espacio público a un ciudadano portando y consumiendo alucinógenos, impondrá un comparendo —si es dosis personal— y además incautará el narcótico. Si supera la dosis, la persona será conducida a la URI por considerarse distribuidor, así se alegue la dosis de aprovisionamiento.

El decreto de persecución a los consumidores de narcóticos plantea que los agentes de Policía, conforme al artículo 222 del Código Nacional de Policía y Convivencia, realizarán un Procedimiento Verbal Inmediato, de competencia del personal uniformado de la Policía Nacional, los comandantes de estación o subestación de Policía y los comandantes del Centro de Atención Inmediata (CAI) de Policía.

Para entender el esfuerzo fiscal que deberá asumir el Estado para hacer cumplir el decreto es importante referirnos a la investigación realizada por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, desarrollada por Isabel Gutiérrez y Santiago Tobón, y que tiene por título: El gasto fiscal de la guerra contra los portadores y traficantes de drogas ilícitas: una aproximación para Colombia, publicada en febrero de 2017 [Ver investigación].

Los investigadores analizaron cuánto cuesta judicializar a una persona, desde el momento de la captura y el traslado a la URI —que se calcula en 4 horas, sumado a las 36 horas  que deberá estar en los calabozos antes de ser presentado ante un juez—. Posteriormente, se da la etapa de judicialización, es decir, llevarlo ante un juez, que se calcula en 5,5 horas. Entre captura y judicialización ya son 9,5 horas. De acuerdo con el salario básico de un patrullero de la Policía, que es $1.517.813, el costo por captura sería de $159.770. Si se superan las 36 horas, la defensa del capturado puede presentar un habeas corpus.

Sobre la base de la investigación, la Fiscalía decide si continúa con la imputación o aplica una forma de terminación anticipada del proceso, es decir, el archivo de la diligencia, la declaratoria de ilegalidad de la captura y el habeas corpus.

De acuerdo con la investigación de Gutiérrez y Tobón en la Fiscalía «[…] entre 2008 y 2015, en el 69 % de los casos no se dio la imputación y por el contrario se dio por terminado el proceso de manera anticipada. En el restante 31 % se llegó a la audiencia de formulación de imputación».

En el caso de que el capturado sea llevados ante un juez y no sea decretada la ilegalidad de la captura, por no cumplirse con los requisitos, es decir, por ser un traficante y no un consumidor de dosis personal, se le imputan los delitos por parte de los fiscales y posteriormente el juez considera si impone la medida de aseguramiento en centro carcelario o la detención domiciliaria. Los costos de la fase investigativa revisten mayor complejidad en el análisis que los correspondientes a la fase de ocurrencia del delito y captura.

El salario de un fiscal delegado ante jueces de circuito es de $7.710.804, el de un juez penal de circuito es de $9.609.617 y los honorarios de un defensor público están alrededor de $4.300.000. El costo de la fase investigativa y de imputación sería de $162.208. Este costo se genera para el 31 % de las capturas; sin contar lo que debe cubrir el Inpec en el centro de reclusión y que está calculado en $851.163 mensuales por interno.

La estimación de los costos de la fase procesal —según los investigadores— se basó en la información suministrada por los oficiales de policía. En promedio, los patrulleros deben atender once horas de audiencias relacionadas con los procesos por porte, fabricación y tráfico de estupefacientes. Con estos supuestos, el costo de la fase procesal y de acusación es de $1.046.863.

Si el imputado acepta cargos o celebra un preacuerdo con la Fiscalía, la fase procesal tendría un costo de $574.125.

La celebración de las audiencias del juicio oral y de lectura de sentencia, las cuales cuentan con la presencia del fiscal, el juez de ejecución de penas y el defensor, se estiman en $405.520.

Si consideramos entonces el involucramiento de los actores principales por parte de agencias del Estado —policías, fiscales, jueces, defensores públicos y demás asociados al sistema penitenciario y carcelario— una captura por es móvil costaría alrededor de $10.776.002.

El procedimiento que adelantará la Policía hacinará los calabozos de la entidad y la Fiscalía donde permanecerán los sospechosos antes de ser presentados ante un juez. Se saturará el aparato judicial ante las audiencias preliminares que deberán realizar los jueces, quienes, de acuerdo con el pronunciamiento del magistrado Luis Hernández, de la Corte Suprema de Justicia «[no van] a enviar a la cárcel como delincuentes a consumidores de droga» [Leer entrevista].

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Mientras se persigue a los consumidores, muchos de ellos en condiciones de ignorancia, marginalidad y pobreza extrema, los traficantes de droga y en general el crimen urbano y rural continuarán con la actividad criminal que  involucra no solo a agentes del Estado —desde patrulleros hasta miembros de la cúpula policial—, sino también a políticos y empresarios en las grandes ciudades y campos colombianos.

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