Gracias al modelo establecido por la Ley 100 de 1993, cuyo senador ponente fue Álvaro Uribe Vélez, y gracias a todos los gobiernos que desde 1990 han impulsado, ya durante 30 años la privatización en salud, nuestro personal está en un terrible escenario para enfrentar la pandemia.
El personal auxiliar de enfermería gana a veces menos que un mínimo, hay médicos en Bogotá que les deben salarios de hace cuatro meses y en las regiones apartadas adeudan salarios desde hace casi un año. La privatización de la salud ha llegado a tal punto que, mientras un obrero recibe un uniforme de su empleador, ya es usual que el personal de salud compre sus propios uniformes. Las pésimas condiciones de bioseguridad no aparecen con la pandemia, sino que ésta más bien las hace públicas ante una sociedad que sigue sin creer que el derecho a la salud existe.
Las formas de contratación a destajo, por unos pocos meses, sin garantías ni dignidad, son una constante. Algunos colegas viven todavía ilusionados en el ejercicio de una profesión liberal que hoy es más exactamente la de un obrero calificado, que no lleva un overol azul, sino una bata blanca. Por eso algunos le tienen miedo a la palabra “sindicato”, porque nos quita estatus (!). Es la Ley 100 la que, imponiendo modelos de eficacia, obligó a consultas psiquiátricas de 20 minutos, a sueldos precarios y a medición de la calidad médica en pacientes por hora y en menos exámenes de laboratorio.
Con eso enfrentamos ahora una pandemia en la que, según la Federación Médica Colombiana, solo el 45% de los médicos tiene tapabocas, 21% gafas de protección, 5% escudo facial y menos de 3% trajes de bioseguridad. Mientras el personal de salud chino parece un grupo de astronautas, y que (a pesar de la protección) más de 11.000 trabajadores de la salud se han infectado en España, aquí en Colombia los dueños del negocio de la salud, al igual que el Gobierno, señalan a las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), y estas a su vez se escudan para que al final los trabajadores de la salud sigan desprotegidos. Algunos hospitales han hecho firmar, a médicos mayores de 60 años, su renuncia a cualquier reclamo si en el ejercicio de su profesión se infectan.
Yo propuse los aplausos, como una forma de reconocimiento de la sociedad al sector salud, pero con esto no buscaba evitar la discusión sobre las pésimas condiciones laborales, sino generar un primer escalón hacia el reconocimiento de sus derechos. Curiosamente, para algunas personas, el aplauso reemplazaba la solidaridad: entonces podrían aplaudir de noche, mientras de día discriminan al personal de salud, presionándolos para que no les arrendaran, tratando de echarlos de los conjuntos residenciales, colocando letreros en los ascensores para que el personal de salud no los utilizara, prohibiéndoles entrar en los supermercados, no llevándoles domicilios de alimentación o no prestándoles servicios de taxi. Ese es un reflejo de la sociedad que tenemos.
Esa sociedad fue precisamente la que, democráticamente, voto contra la paz, no voto contra la corrupción y eligió a Duque. Ese presidente que ahora hizo un gasto millonario en tanquetas para el ESMAD en medio de la pandemia, el mismo que fue aupado al poder por el creador de la Ley 100, el mismo que quiere aplanar la curva epidemiológica a martillazos. Un país donde se invierte millones en cada miembro del ESMAD, pero solo unos pocos centavos en el personal de salud; así Colombia parece tener recursos para tratar de aplastar el estallido social, pero no para proteger un personal de salud que usa bolsas de la basura para improvisar equipos de bioseguridad. Las comunidades más pobres tendrán un mayor impacto porque la pobreza sigue siendo el principal factor de riesgo en una epidemia. De hecho, el primer caso confirmado del virus en el pobre departamento de Chocó es el de una enfermera.
La pregunta es: ¿Qué tipo de salud queremos? Yo apuesto por uno que salve vidas y que ofrezca un trabajo digno. El que me diga que la Ley 100 está bien escrita pero mal aplicada, es simplemente porque no conoce la Ley 100. Y a aquellos que, siendo trabajadores de la salud, defendían las EPS les hago una última pregunta: Ustedes creen que unas instituciones que los han explotado, precarizado laboralmente, negado sus derechos, limitado al máximo el ejercicio de su autonomía y de su ética como profesionales de la salud, ¿van a portarse de una manera diferente en medio de una pandemia?
Ya en pocas semanas han dado la respuesta: continuación de contratación injusta, propuestas de reducción salarial, amenazas de despido, desvío hacia el propio personal de salud de la adquisición de elementos de bioseguridad, demoras en las transferencias a los hospitales. Entonces ¿Qué supone uno? Fin del comunicado.
Tomado de Víctor de Correa-Lugo
