Los uniformados habrían adulterado, al menos, 31 facturas en las que constaban el supuesto abastecimiento de combustible para vehículos del batallón.
Fiscalía General de la Nación,
FGN
VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA, (1 SEP 2024) – Cuatro militares del Batallón Vencedores del Ejército Nacional, con sede en Cartago, Valle del Cauca, han sido enviados a prisión domiciliaria por presuntos actos de corrupción relacionados con la adulteración de facturas para el abastecimiento de combustible de vehículos oficiales. Los implicados son el mayor César Augusto G. L. y los sargentos Édison Aurelio R. N., Apolonides C. C. y Jesús Alexander C. S..
Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Valle del Cauca presentó pruebas que vinculan a los uniformados con delitos de peculado por apropiación, peculado por apropiación en concurso con falsedad ideológica en documento público agravada, y falsedad ideológica en documento privado.
Las investigaciones revelan que los militares habrían adulterado al menos 31 facturas relacionadas con un contrato de 38 millones de pesos, suscrito en 2021 entre la alcaldía de Cartago y una estación de gasolina local, destinado a proveer combustible a los vehículos del batallón. Las facturas supuestamente certificaban el tanqueo de vehículos que se encontraban fuera de servicio y mostraban valores inflados respecto al costo real del combustible suministrado.
Estos actos habrían generado un detrimento patrimonial de aproximadamente 32 millones de pesos a los recursos del Fondo de Seguridad Territorial (Fonset). Las capturas de los involucrados fueron realizadas por uniformados de la Policía Nacional con apoyo del Ejército en diversas regiones del país, incluyendo Caquetá, Boyacá, Córdoba y Bolívar.
Un juez de control de garantías ordenó la detención preventiva de los cuatro militares en sus lugares de residencia mientras continúa el proceso judicial en su contra.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
