San Salvador, 29 junio de 2022.- El Salvador aumentó la presencia policial y militar en la zona del asesinato de tres policías tras el anuncio del presidente Nayib Bukele de que a raíz de este crimen se debe «arreciar la guerra contra las pandillas», mientras analistas cuestionan los resultados del régimen de excepción y temen que sigan arrestos «injustos».
Las autoridades de seguridad han informado sobre la «incursión» y búsqueda de dos de los supuestos homicidas de los elementos de la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, se trata de Adolfo Mejía y Geovanny Olmedo, supuestos miembros del ala Sureños de la pandilla Barrio 18.
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«Como dijo el presidente Nayib Bukele, no vamos a descansar hasta dar con los responsables del crimen de nuestros policías y de cualquier salvadoreño. Los homicidas están condenados a pasar en prisión el resto de sus vidas», reza una publicación de la PNC en Twitter.
A este operativo se han sumado unidades de elite, además de vehículos militares artillados, según dan cuenta las diferentes publicaciones de la Policía, Ministerio de Seguridad y Ministerio de la Defensa.
Se desconoce el número total de elementos desplegados en el occidental departamento de Santa Ana, donde ocurrió el triple homicidio, pero reportes de la prensa local indican la realización de operativos, incluso casa por casa.
El ministro Villatoro dijo, en declaraciones divulgadas por la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, «que les quede claro a todas estas estructuras» que van a «utilizar todas las herramientas del Estado para detenerlos».
Agregó que si responden con las armas, también van a «responder con toda la contundencia del Estado».
En este contexto, el Ministerio de la Defensa también informó sobre la entrega de 200 fusiles de asalto, chalecos antibalas y cascos a soldados destacados en la «guerra contra las pandillas».
Tras dar a conocer la muerte de los agentes, el presidente Bukele dijo la noche del martes en una conferencia de prensa: «Debemos arreciar la guerra contra las pandillas», sin que hasta el momento se conozca de otras acciones.
DETENCIONES «INJUSTAS»
El Salvador se encuentra en régimen de excepción desde el último fin de semana de marzo, después de que una ola de violencia se cobró la vida de 87 personas en tres días.
Las detenciones bajo este régimen aprobado en la Asamblea Legislativa y que Bukele dice que mantendrá hasta terminar la «guerra» contra las llamadas maras, han superado las 43.000.
Los organismos humanitarios han recabado más de 3.000 denuncias de atropellos, principalmente por detenciones arbitrarias y existe el temor, tras la declaración del mandatario, de que éstas también se incrementen.
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Alejandro Díaz, abogado de la organización Tutela Legal «María Julia Hernández», dijo este miércoles que lo que les «preocupa es que claramente habrán este tipo de situaciones arbitrarias o detenciones injustas».
«No deben de seguirse dando porque para eso están las instituciones que deben investigar» y «no hacer redadas esperando que todos sean responsables», respondió a preguntas de Efe.
Agregó que las instituciones estatales deben «ayudar a estas personas» detenidas que no pertenecen a las pandillas y también actuar para «llevar a la Justicia» a los responsables de crímenes.
Díaz dijo estas palabras tras la presentación de al menos 15 habeas corpus ante la Corte Suprema por familiares de personas detenidas durante el régimen de excepción.
URGE RESPUESTA CON «SERENIDAD»
Celia Medrano, excandidata a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó a Efe que en El Salvador «urgen liderazgos con capacidad de responder con inteligencia y serenidad ante una crisis en lugar de atizar las condiciones de violencia estructural y criminalidad organizada que arrastramos».
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«Es preocupante observar en cadena nacional a un Presidente desencajado que empieza a darse cuenta que, a casi tres meses de insistir con una medida extrema como el régimen de excepción, no han garantizado evitar la muerte de efectivos policiales cuando estos se encuentran con grupos reales de criminalidad», agregó.
A su juicio, el presidente Bukele «evidencia poco control ante un hecho de violencia y recurre nuevamente a una narrativa violenta, anunciando más violencia».
«Continúa invocado a una guerra de la que solo se beneficia él y sus allegados, pero cuyas consecuencia pagan las personas más empobrecidas y marginadas», sostuvo Medrano.
Por su parte, Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, señaló a Efe que las declaraciones de Bukele «evidencian» que «el régimen de excepción no ha tenido los efectos que se ha vendido por parte del Gobierno».
«Supuestamente tienen el control de los territorios, tanto con el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, y todavía siguen pasando hechos lamentables, como el asesinato de estos policías», subrayó.
El régimen de excepción suspende garantías constitucionales, como el derecho a la defensa, y amplía el periodo de detención hasta un máximo de 15 días, cuando normalmente es de 3.
EFE
