John Anderson Esquivel Castrillón estaría involucrado en el holding empresarial utilizado para captar y darle tránsito al dinero de los inversionistas afectados.

Fiscalía General de la Nación,
FGN

COLOMBIA (3 NOV 2024) – La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a John Anderson Esquivel Castrillón, señalado como uno de los principales articuladores de la estafa masiva conocida como Daily Cop, un esquema de inversión fraudulento en monedas virtuales que ha dejado 113 víctimas y pérdidas superiores a los 8,000 millones de pesos. Esquivel Castrillón enfrenta cargos por concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos, los cuales no aceptó en audiencia.

Según la investigación, Esquivel Castrillón se desempeñaba como gerente y accionista en tres empresas que habrían sido usadas para captar fondos de inversionistas y transferirlos en el esquema fraudulento. Daily Cop prometía rendimientos del 0,5% diario y hasta un 12% mensual en pesos colombianos, pero los fondos habrían sido desviados para adquirir propiedades y vehículos de alta gama, sin que los inversionistas recibieran las ganancias prometidas.

El proceso también identificó conexiones familiares de Esquivel Castrillón con otros implicados: es pariente de Sebastián Betancourth Esquivel, presunto creador de Daily Cop, y de Sandra Patricia Esquivel Castrillón, ambos actualmente buscados mediante notificación azul de Interpol.

El juez de control de garantías impuso a John Anderson Esquivel Castrillón una medida de aseguramiento domiciliario mientras continúa el proceso judicial. Este caso subraya el compromiso de la Fiscalía en combatir delitos financieros que afectan a ciudadanos en todo el país.

A.U.


La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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