Según las investigaciones adelantadas, los estupefacientes eran vendidos a la ciudadanía por un valor de $10.000 cada chocolate, popper a $20.000, cápsulas con destilado de marihuana a $160.000, esencias de marihuana a $25.000, empaques de cueros para blones de marihuana a $15.000, permitiendo una renta criminal de $150.000.000 mensuales.
Después de someterse a la JEP, el mayor general (r) Torres Escalante solicitó a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas la revocatoria de la medida de aseguramiento impuesta por la jurisdicción ordinaria.
La primera versión en la JEP con presencia de las víctimas se da en cumplimiento del Auto 080 de 2019. La persona —la hermana de un joven ejecutado extrajudicialmente— estuvo presente en una sala alterna, desde donde observó en tiempo real la versión del compareciente. La diligencia fue presidida por magistrados de la Sala de Reconocimiento de la JEP y en ella participó el representante legal de la víctima. Después de escuchar una primera versión sobre los hechos, la víctima pudo transmitir sus preguntas, a través de su representante.