Un informe elaborado de la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos (Usaid) a petición de la Corte Constitucional reveló un preocupante panorama de acoso laboral y sexual al interior de ese alto tribunal encargado de velar por los derechos fundamentales. Dicho informe fue presentado en abril pasado a los nueve integrantes de esa corporación y los resultados generaron repudio y alarma. El 14 de mayo de 2020 el magistrado Carlos Bernal le solicitó al presidente de la Corte, magistrado Alberto Rojas Ríos, que lo hiciera público de manera inmediato e hizo una serie de comentarios al respecto.
“Sugiero que las políticas que se generen deben ser abiertas al público y no solo internas con el fin de que el tema no sea invisibilizado y la Corte pueda ser ejemplo para la rama judicial y otras entidades. Asimismo, en las recomendaciones es importante que se enfatice sobre la publicidad, no solo de los resultados de la investigación sino también de las políticas e instrumentos de equidad de género con los que actualmente cuenta la Corte”, dice la carta de tres páginas en poder de El Espectador. Uno de los episodios más graves del informe, que usted puede consultar en este link, tiene que ver con la situación de riesgo en la que se encuentran las personas que entran a hacer su judicatura en el alto tribunal.
Para Bernal, “el que se hayan normalizado expresiones como “judicantear” demuestra que los y las judicantes son un grupo especialmente vulnerable frente a relaciones desiguales de poder o actos de acoso sexual”. Por esa razón, para el magistrado “sería conveniente fijar actividades concretas destinadas a los judicantes que tengan por objeto mejorar sus condiciones de trabajo y prevenir situaciones de acoso laboral y sexual”. Ahora bien, como uno de los asuntos que más preocupación generó fueron supuestos actos de acoso sexual en fiestas y al interior de la Corte, el jurista pidió al alto tribunal que replantee que en las celebraciones institucionales haya alcohol.
Según el estudio, la gente no denuncia eventos de acoso porque no confía en que el Comité de Convivencia que tiene la Corte funcione, por lo que Bernal sugirió crear un espacio de denuncia que sea efectivo: “(…) La solución que se propone en el informe, que consiste en fortalecer el Comité de Convivencia, no es conveniente. Debe buscarse una instancia independiente, eficaz e idónea para tratar casos de acoso sexual y laboral. El funcionamiento de dicha instancia, así como sus procedimientos, deben ser ampliamente conocidos por los funcionarios de la Corte, contratistas y judicantes. Asimismo, sus procedimientos deben garantizar la reserva de la información (si así lo desea el denunciante y ello es necesario)”.
Uno de los testimonios recopilados por el informe dice: “hay una persona del área que acosa a una de mis compañeras, yo le he dicho a la víctima que no se deje, que reporte lo que pasa, pero a pesar de que hay un Comité de Convivencia laboral, la gente no confía en ese espacio…”. Y otro más decía: “sé de otro caso en el que un compañero le mandó un mensaje grotesco a una de sus compañeras, ella se quejó y no pasó nada”. Bernal enfatizó en que si los entrevistados dicen que no hay confianza en el Comité ni reportes de sanciones, se necesitan otros mecanismos para hacer los correctivos. El magistrado Carlos Bernal renunció a la Corte Constitucional el pasado 23 de julio para aceptar una propuesta de la Universidad de Dayton en Ohio, Estados Unidos.
Tomado de El Espectador
