En la cama de un hospital privado de Nicaragua, Diana Lacayo dice estar viva contra la voluntad del Gobierno. Junto a otras 13 personas, pasó encerrada en una parroquia por nueve días y ocho noches, aisladas por la Policía, que les impedía asistencia humanitaria tras haberse declarado en huelga de hambre.
Lacayo pertenece a un grupo de 9 madres, no 11 como se informó durante días, que hicieron huelga de hambre para convencer al presidente Daniel Ortega de liberar a más de 160 «presos políticos», pero recibieron aislamiento por respuesta.
Tras anunciar la huelga el pasado día 14, el Gobierno suspendió el suministro de agua a la parroquia donde se establecieron, y según dijo a Efe el párroco Edwing Román, quien también vivió el encierro, las autoridades rompieron una calle para cortar el servicio de agua.
Cerca de 100 agentes entrenados para enfrentar a criminales peligrosos, acompañados de paramilitares, rodearon la parroquia San Miguel Arcángel, y azotaban o arrestaban a quien intentara pasar ayuda, o de golpear las puertas y gritar amenazas en horas de la noche, según testigos.
«Decían que íbamos a salir muertas de allí, en sacos», dice a Efe Lacayo, al referirse a los policías y paramilitares, justo antes de sentir un fuerte dolor en el estómago.
«Era un asedio, las torturas (psicológicas) en la noche, esos drones que bajaban (…) a eso de la una o dos de la mañana (…), el miedo de nosotras era que por medio de ellos nos podían atacar», recuerda.
Las acciones eran tan persistentes, que no dejaban dormir a las personas dentro del templo, y estas se tenían que turnar para descansar por la mañana, envueltas en las cortinas de la iglesia, ya que la policía había impedido el ingreso de colchonetas.
Al menos 16 jóvenes fueron capturados y llevados a juicio por intentar dar agua a los encerrados, otras 12 personas que llevaban agua fueron interceptadas y expulsadas de la ciudad de Masaya, donde se encuentra la parroquia.
Había personas que, desde la calle, lanzaban hacia el patio del templo alguna bolsa con medicamentos o comida para Román, pero luego eran alcanzadas y golpeadas, detalló Lacayo.
«Yo pensé que como en todo país civilizado y todo Gobierno civilizado, que hay un derecho a la huelga de todo ciudadano (…) cedí en el templo un espacio para que ellas pudieran hacer esta demanda, creyendo yo que ellas iban a tener acceso a la salud», comenta el padre de 59 años, todavía con los ojos enrojecidos por los efectos de la diabetes en condiciones de aislamiento.
Lacayo y Román cuentan que la Policía se estableció bajo amenazas en la única vivienda vecina, tras descubrir que la dueña, una anciana de 80 años, pasaba agua a la parroquia por una manguera.
Las autoridades, que tenían un baño portátil para no tener que abandonar la guardia, incluso podaron árboles para vigilar el interior del templo, y utilizaron a familiares de dos de los que no estaban en huelga de hambre esperando a que abrieran las puertas para entrar, afirmaron.
Aseguraron además que tuvieron la ayuda directa de Dios, ya que al día siguiente de haberse quedado sin agua, cayó una lluvia que les permitió beber por dos días. Eso, adicional a una donación de prendas femeninas a la parroquia días antes de que las mujeres decidieran hacer la huelga, y que les sirvió a ellas para cambiarse de ropa.
El aislamiento pasó factura. «Estábamos tristes porque, vos sabés, estar en un lugar que no sabés nada, y decís: ya no se acordaron de nosotras, aquí vamos a morir».
Las mujeres lograron tener contacto con el exterior gracias a que cargaban sus teléfonos móviles con la batería del carro del cura, pero las cargas se fueron agotando y estaban convencidas de que los policías atacarían cuando expiraran.
«Ellos no sabían que habíamos previsto que si nosotros no tocábamos algo, la campana, significa que estábamos bien, y si la tocábamos, entonces estábamos en peligro», revela Lacayo.
Pero nunca necesitaron recurrir al campanario. La salud del padre se deterioró tanto, que las mujeres decidieron levantar la huelga de hambre para no arriesgar la vida de Román, quien no las dejó solas.
Abandonaron la lucha con vergüenza de no haber logrado la libertad de sus hijos, pero al salir y darse en cuenta que varios países estaban pendiente de ellas, les hizo sentir que valió la pena.
Lacayo llora al saber lo que siente su hijo encerrado en la cárcel «La Modelo», y dice sentirse orgullosa. «Sí, porque yo sé que él ha peleado también por una patria libre».
Y advierte a Ortega, que «se prepare, porque nosotros vamos hasta el final, vamos hasta el final, y vamos a seguir demostrando que aquí sí hay dictadura, porque eso que nos hizo a nosotros ningún Gobierno lo había hecho».
«Vamos a ganar sin necesidad de armas, pacíficamente, sabemos que estamos ante un demonio (…) y a la Rosario Murillo (primera dama y vicepresidenta) también le digo que piense bien lo que está haciendo, y que deje de ser hipócrita, que decir amar las cosas de Dios cuando realmente es una persona muy mala», agrega.
Nicaragua vive una crisis que, desde el estallido popular contra Ortega en abril de 2018 ha dejado cientos de muerto, presos o desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles han huido al exilio.
EFE.
