La Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Jurisdicción Especial para la Paz, tribunales que integramos en Colombia el poder judicial, sometidos al imperio de la Constitución y de la ley, estamos convencidos de que uno de los pilares de la democracia constitucional moderna es la independencia judicial, tanto en sus aspectos individuales como institucionales.
La integridad, independencia e imparcialidad de la judicatura son requisitos esenciales para la protección efectiva de los derechos humanos y la garantía de un orden jurídico justo.
La confianza pública en las instituciones y en particular, en el sistema judicial y en la autoridad moral y la integridad de los jueces son esenciales para la convivencia.
La correcta y efectiva administración de justicia debe obrar sin favoritismos, predisposiciones ni prejuicios. La sociedad colombiana debe tener confianza en el valor supremo que es la independencia de los jueces.
La Constitución entrega a sus jueces, la majestad de la justicia y nos corresponde a quienes integramos el poder judicial hacerla respetar obrando con dignidad y con estricto apego al ordenamiento jurídico.
Las Cortes han ejercido y continuarán ejerciendo sus funciones jurisdiccionales, con autonomía e independencia de cualquier influencia ajena, proveniente de cualquier fuente o por cualquier razón.
El país puede tener la tranquilidad de que quienes ejercemos la magistratura actuaremos de conformidad con nuestras convicciones, con la firmeza de preservar la institucionalidad y con el compromiso que hemos adquirido ante la sociedad de administrar justicia imparcial, objetiva y transparente.