El río Cauca –así como el río Atrato en Chocó, el páramo de Pisba en Boyacá y la Amazonia– se convirtió esta semana en una entidad natural a la que todos los ciudadanos podemos exigir su protección. El Tribunal Superior de Medellín reconoció su cuenca y sus afluentes como sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo de EPM y del Estado colombiano.
La decisión fue tomada luego de evaluar una tutela instaurada por los ciudadanos Juan Luis Castro (senador de la República por el Partido Alianza Verde) y Diego David Ochoa (activista).
En la sentencia, el Tribunal reconoce que “las generaciones futuras son sujetos de derechos de especial protección”, por lo que se les debe amparar los derechos fundamentales a la dignidad, el agua, a la seguridad alimentaria y al medioambiente sano.
En este escenario, el Gobierno Nacional será el representante legal de los derechos del río, en conjunto con las comunidades locales y personas que asistieron a la audiencia de vigilancia del proyecto Hidroeléctrico Ituango del 27 de febrero de 2019 en la Universidad de Antioquia.
Para asegurar su efectiva protección, el Cauca tendrá en los próximos tres meses una comisión de ‘Guardianes del río’, que estará asesorada por el Instituto Alexander von Humboldt, la Autoridad Nacional de Acuicultura, Corantioquia y distintas universidades. De igual manera, ordenó a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría entregar reportes semestrales de su gestión con indicadores de cumplimiento.
“Este fallo es histórico dado que tiene un carácter jurídico inter comunis; es decir, aplica a toda persona, comunidad o forma de vida que habita la cuenca del río Cauca, sus afluentes y territorios aledaños”, asegura Castro. “Después del Magdalena, el río Cauca es el segundo más importante de toda nuestra geografía hidrográfica. Nace en la laguna del Buey en el departamento del Cauca y atraviesa, junto con Antioquia, seis departamentos y un centenar de municipios de Colombia”.
Este fallo se suma a otra serie de órdenes jurídicas que han obligado a EPM y a la sociedad Hidroeléctrica Ituango, a responder por las afectaciones ambientales y sociales que causó el cierre de la compuerta 1 del proyecto Hidroituango en febrero de este año. Una reducción del caudal del afluente, la mortandad de peces y de otro tipo de fauna, las afectaciones en el suministro de agua potable para las comunidades locales y una carga de sedimentos que podría llegar hasta el río Magdalena, fueron algunos de los escenarios que encendieron las alarmas.
Según el senador Castro, este “es un paso enorme desde la jurisprudencia que nos da la posibilidad de hacer mayor control político y obligar al Gobierno y a las entidades más involucradas, a que cumplan con los mandatos. El fallo pone nombre y apellido a los responsables y, de esta manera, podemos trabajar mancomunadamente con EPM y poner toda nuestra capacidad”.
Tomado de El Tiempo
