Después de 21 años de cometido el homicidio de Nelson Carvajal, la Fiscalía declaró que su crimen es de lesa humanidad. Su hermana, Miriam Carvajal, celebró la medida y señaló que es una esperanza para otros casos similares.
Nelson Carvajal fue un aguerrido periodista que denunciaba, a través de noticiero Momento Regional, los actos de corrupción en varios procesos licitatorios en Huila. Por esta labor, el 16 de abril de 1998, recibió siete disparos que acabaron con su vida. Tras el homicidio, se identificaron a dos presuntos autores materiales y a uno material -el escritor y empresario Fernando Bermúdez Ardila-, pero al poco tiempo se dictó sentencia absolutoria para lo tres.
Con esta medida, el caso quedó en el limbo. Desde entonces no se ha dado con ningún responsable y los avances han sido poco. Sin embargo, el año pasado, todo comenzó a cambiar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por el homicidio de Nelson, pues, de acuerdo con el tribunal trasnacional, no se respetó el derecho a la libertad de expresión y no se le dieron las garantías al derecho a la vida.
Esta decisión también hizo que el presidente Iván Duque presentara disculpas públicas por la negligencia de la justicia en el caso. No obstante, el tiempo seguía pasando, no se había dado con los principales responsables y existía el riesgo de que el caso llegara a prescripción. Ya no podrá ser así. La Fiscalía declaró el pasado viernes, 16 de agosto de 2019, el homicidio de Nelson Carvajal como un crimen de lesa humanidad.
Tras este anuncio, que impide que las investigaciones por el asesinato del periodista prescriban, El Espectador habló con Miriam Carvajal, hermana del periodista y una de las personas que más ha tomado la vocería para evitar que el crimen quede en el olvido, sobre el significado de la medida, los avances que ha tenido el caso en los últimos meses y las implicaciones que tiene frente a la labor periodística en el país.
¿Qué importancia tiene que el crimen de Nelson hay sido considerado de lesa humanidad?
Independientemente de las actuaciones judiciales que se hayan presentado hasta la fecha, las cuales no han arrojado mayores resultados contundentes, este hecho implica un paso significativo en la lucha contra la impunidad de los diversos casos de periodistas en Colombia. Creo que hacer imprescriptible el homicidio de Nelson Carvajal constituye un paso importante en la medida que es dar una carta blanca al Estado para que verdaderamente utilice todos los mecanismos que le permitan individualizar, determinar y sancionar a los otros vinculados al homicidio de Nelson Carvajal.
En esa medida yo pienso que esa gran tarea la han emprendido la Sociedad Interamericana de prensa (SIP), la Fundación Robert Kennedy y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) pues se han constituido en nuestros aliados para dar ese paso significativo en el constante deseo de conocer verdaderamente lo relacionado con el asesinato de Nelson Carvajal.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró responsable al Estado colombiano por el crimen de su hermano ¿Qué avances han ocurrido en las investigaciones desde entonces?
Una de las órdenes expresas de la Corte es que se remuevan todos los obstáculos que le han impedido al Estado colombiano para administrar justicia. Por eso consideramos que una de las amenazas latentes que tenía el proceso de Nelson era la impunidad como consecuencia de la prescripción de los cargos. Ahora la Fiscalía ha determinado que el crimen de Nelson es de lesa humanidad por lo que no hay límite de tiempo para poder investigar.
Lo que corresponde al fallo de la Corte Interamericana pues tenemos que decir que no se ha cumplido por parte del Estado. Consideramos que, como dice la SIP y la Fundación Robert Kennedy, es necesario que el Estado colombiano haga consciencia de que suscribió el acuerdo de Costa Rica y está obligado a cumplir los acuerdos internacionales, incluido el acuerdo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El deber es cumplir con el fallo por el que fue condenado.
En marzo el Estado pidió perdón por el homicidio de Nelson ¿Cómo tomó su familia este hecho?
El pasado 29 de marzo, el Estado, con la presencia del presidente Iván Duque, pidieron perdón a la familia por no haber sido lo suficientemente diligentes con la investigación penal y se comprometieron reencausar la investigación para determinar lo que realmente ocurrió. Confiamos la buena fe del Estado para que se cumpla con el fallo. Reconocemos que fue un gesto noble, porque uno no puedo desconocer que aquí se da la paradoja de lo que fue la tragedia griega. Uno como familia cree en el Estado, respeta las normas, pero también entiende que esa posición de pedir perdón no es suficiente. Se requiere que se mueva toda la estructura estatal para que se determine cómo fueron los hechos y determinar quiénes fueron los verdaderos responsables.
No es que uno tenga un ánimo revanchista o de venganza, sino que son patrones que se han preestablecido. Como el homicidio de Nelson en el que han pasado 21 años o en otras personas como el homicidio de Floralba Núñez. Ella ejercía su labor en una provincia como lo es Pitalito, Huila, y por su labor periodística fue asesinada. Para la Corte está claro que el único móvil para la muerte de Nelson fue su labor periodística. Queremos que se sepa la verdad para que no se repita estos casos. Ya que tan solo en 2017 nuestro gran amigo Gerardo Ochoa, abogado y consultor de Nelson, fue asesinado por poner en evidencia la corrupción que se vive en Pitalito, Huila.
La declaración de lesa humanidad permite reabrir varias de las investigaciones ¿Esto ayudará a esclarecer el crimen de su hermano?
Lo cierto que el proceso no ha estado cerrado. Después de que hubo una sentencia absolutoria hacia 2002 de las personas que inicialmente estuvieron vinculadas, el proceso quedó virtualmente archivado. Posteriormente, cuando la Sociedad Interamericana de Prensa formula la queja a la CIDH, el Estado asume la tarea de revivir el proceso. Es así como desde el 2005 se reasignó el proceso a una fiscal de la unidad de derechos humanos y desde entonces ha seguido su proceso normal.
Lo que se espera es que con la declaratoria de lesa humanidad es que el proceso no prescriba para que en cualquier momento que ocurran nuevos hechos de los que no se sabía pues el fiscal de conocimiento pueda continuar con la investigación. Esperamos que la Fiscalía siga las investigaciones para que le permitan determinar quiénes fueron los autores intelectuales del homicidio. Hay otra tendencia del proceso que es de septiembre de 2017 cuando se presentó una solicitud de revisión del proceso. Al presentar esta solicitud, lo que ha hecho la Procuraduría es pedirle a la Corte Suprema que autorice revisar el proceso. Lo que se tendría que revisar es desde 1999 cuando algunos de los vinculados al proceso fueron absueltos.
¿Qué ha pasado con la familia de Nelson desde que la CIDH condenó al Estado colombiana? ¿Ha existido alguna retaliación o amenaza?
Por ahora, no ha pasado nada. Hubo el evento en Cartagena en el que el Estado pidió perdón. Y desde el fallo no ha pasado nada. No sabemos qué consecuencias pueda tener para la familia el hecho de que el Estado no cierra las puertas, sino que las abra, y nos diga que el crimen no prescribe. Seguimos adelante y esperamos a ver qué pasa en el transcurso de los días que permitan el esclarecimiento de los hechos. Hasta el momento no evidenciamos nada que nos pueda poner en alerta frente al caso.
¿Qué significa el crimen de Nelson, la demora en las investigaciones y los últimos hechos para la labor periodística colombiana?
Uno de los grandes argumentos que se tuvo es que desde 1975 hasta 2018 se han cometido en Colombia 154 asesinatos. Eso es lo que reporta la FLIP y nos permite evidenciar que el asesinato de Nelson hace parte de una ejecución sistemática de un grupo bastante significativo que son los periodistas. Yo lo que pienso es que el hecho de que el homicidio sea catalogado como delito de lesa humanidad nos llena de optimismo y se constituye una esperanza de justicia. Es un paso significativo para que muchos otros casos de periodistas en Colombia pudieran estar dentro de ese rango para determinar quiénes están cercenando la libertad de prensa en Colombia, quiénes están callando la voz de los periodistas, así sean de una provincia lejana.
Tomado de El Espectador
