Las plataformas de derechos humanos (la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y la Plataforma Colombiana Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo) y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular expresaron su condena y contundente rechazo ante “la barbarie y crueldad a la que fue sometida la ciudadanía bogotana en la noche del 9 de septiembre, Día Nacional de los Derechos Humanos”.
En un comunicado, la alianza de organizaciones sociales indicó que conoció numerosos videos, denuncias y testimonios en los que se muestra a la Policía de Bogotá disparando armas de fuego, golpeando y agrediendo a manifestantes y transeúntes en distintos puntos de la ciudad, y “presuntamente entregando armas de fuego a civiles. Dicho accionar, hasta el momento y según cifras aún preliminares, dejó como doloroso resultado la masacre de diez personas, y más de 200 personas heridas, 56 de ellas por arma de fuego”, advirtió.
“Estas cifras indican que el Gobierno nacional aleja cada vez más al país de una democracia, y además evidencian que lo sucedido en esta noche fue una suspensión de facto del Estado de Derecho y que la fuerza pública está obrando sin control legal alguno por parte de las autoridades civiles”, añadió la plataforma en el escrito.
La masiva protesta y la indignación por el asesinato del estudiante de derecho Javier Ordoñez el pasado martes “no puede entenderse como un caso aislado, sino como la expresión de un cansancio social acumulado por el reiterado y sistemático abuso policial contra de la ciudadanía en Bogotá y en el país en general”, agregó el colectivo.
Frente al “compromiso que ha mostrado la Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López en el rechazo de los hechos”, aplaudió el anuncio de atención institucional a las víctimas de los atropellos y asesinatos, en la intención de elevar las denuncias disciplinarias y penales ante las instancias correspondientes, y en el llamado a adelantar una reforma profunda y estructural a la Policía Nacional.
Asimismo, se mostró indignado y condenó “la actitud del Gobierno nacional, en cabeza del Presidente Iván Duque y del Ministro de Defensa de Carlos Holmes Trujillo, quienes en lugar de ajustarse a la Constitución Política y pedir perdón a las víctimas de la violencia policial, asumir la responsabilidad que les corresponde como Estado y condenar las ilegalidades cometidas por los funcionarios públicos, decidieron respaldar la actuación de la Policía, atacar la libertad de expresión en redes sociales y señalar de manera irresponsable y estigmatizante a la oposición política del país”.
El comunicado prosigue de la siguiente manera:
“Resulta igualmente grave que, ante la violación masiva de los derechos humanos de la ciudadanía, las autoridades no asuman la responsabilidad política que les corresponde, hecho que no genera confianza institucional alguna y tampoco brinda las garantías necesarias para que las distintas investigaciones puedan avanzar sin interferencias indebidas. Por ello exigimos de forma inmediata la renuncia del Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y la del Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Brigadier General Oscar Antonio Gómez Heredia.
Lo sucedido en la noche de ayer no se puede sumar a la ya larga cadena de violaciones a los derechos humanos que actualmente están en la impunidad, razón por la cual demandamos investigaciones objetivas, independientes y eficaces que castiguen penal y disciplinariamente a todos los responsables. Para ello es indispensable que los casos no sean investigados por la justicia penal militar sino por una unidad especial de la Fiscalía General de la Nación y que, en el plano disciplinario, las indagaciones se adelanten mediante el control preferente del Procurador General de la Nación.
Este contexto de violencia policial evidencia la necesidad y urgencia de una reforma estructural y doctrinal de la fuerza pública del país, de manera que realmente se adecúe a la transición hacia la paz. Esto también implica la separación de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa Nacional, para que vuelva a ser un cuerpo policial civil que respete los derechos humanos, como lo recomendó la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos el pasado mes de febrero.
El país necesita conocer con claridad y precisión qué fue lo que sucedió ayer 9 de septiembre de 2020. Por ello conformaremos una comisión ciudadana nacional e internacional que, de forma independiente, elaborará un informe detallado sobre los graves hechos que ocurrieron en Bogotá. No puede haber impunidad social.
Llamamos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y al Sistema de Naciones Unidas a que activen los diferentes instrumentos y mecanismos de protección para que urgentemente documenten los graves hechos sucedidos en Colombia y realicen las acciones pertinentes. En ese sentido exigimos que el Gobierno colombiano invite inmediatamente a visitar el país a los Relatores Especiales sobre la Libertad de asociación y protesta pacífica, sobre Ejecuciones extrajudiciales, sobre Tortura y al Grupo de Trabajo sobre Detenciones arbitrarias de Naciones Unidas.
Finalmente anunciamos que acompañaremos la exigencia ciudadana de justicia, y que continuaremos con nuestra permanente labor de defensa de los derechos humanos de las colombianas y los colombianos, hoy tan conculcados y agredidos”.
