En crisis modelo de protección a personas amenazadas o en riesgo
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos afirma tajantemente que existe toda la voluntad política y el compromiso con los Derechos Humanos. Reiteradamente ha mostrado un balance de significativos avances como lo afirma el consejero Rivera Flórez, al manifestar que: “Este gobierno es, sin lugar a dudas en la historia, el más comprometido con los derechos humanos y el que tiene las mayores evidencias para decirle a los colombianos, y al mundo, que existen avances sustantivos en la promoción y el respeto a los derechos humanos”.
¿Será eso cierto?
El 18 de agosto de este año, el programa Somos Defensores, presentó el informe sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos, titulado Los nadie, en el que se muestra una realidad totalmente opuesta a la que mediáticamente, y con mentiras, el gobierno nacional ha exhibido.
Las conclusiones del informe no podrían ser más trágicas para nuestro país. La Colombia de los diálogos de paz —que avizoran la terminación del conflicto armado social y político entre el Estado y la insurgencia— olvida el conflicto urbano, el desmonte del paraestado y la protección a los defensores de Derechos Humanos, líderes sociales que luchan por sacar adelante sus comunidades y territorios que permanecen en el olvido y a merced de la ilegalidad armada que, en muchos de los casos, tiene protección oficial. Estos defensores poco o nada importan, como dice el informe no son nadie para el gobierno, las autoridades y buena parte de la sociedad.
En seis años y medio han sido asesinados 320 defensores de Derechos Humanos, 200 han sufrido atentados y 1400 ha sufrido amenazas contra sus vidas. La mayoría de los casos no tienen doliente en la justicia, están en la impunidad.
En 2011 fue creada la Unidad Nacional de Protección, UNP, que afortunadamente reemplazó al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que estaba seriamente cuestionado por haberse convertido en un aparato vinculado al crimen y al paraestado.
Muchas expectativas generó la creación de la UNP. Con bombos y platillos se hablaba de que ahora sí la seguridad de personas amenazadas o en riesgo sería atendida debidamente por el nuevo organismo. Infortunadamente no fue así. Aunque la labor de su primer director mostró diligencia y eficacia en muchos casos, las realidades no cambiaron en lo fundamental, se seguían presentando asesinatos, amenazas y la capacidad del organismo de protección fue rebasada por la realidad de la guerra rural y urbana, esa que se ha tratado de ocultar durante décadas, ya que solo han importado los muertos que ocasiona la guerrilla, los demás, no.
A pesar de que hay mucha gente protegida —unos mejor que otros—, la situación no cambia. Cada día aumenta el número de amenazados y en situación de riesgo, el presupuesto no parece alcanzar, el único camino viable para el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, Cerrem, y la UNP, es negar a destajo nuevas solicitudes de protección, además de dedicarse a desmontar esquemas de protección sin ningún miramiento y análisis de fondo, casi nunca se tienen en cuenta los análisis de contexto que rodean a los que se les niega o retira la seguridad.
El 25 de febrero de 2014, el programa no gubernamental Somos Defensores, puso en la palestra pública el tema de protección, seguridad, Derechos Humanos, justicia e impunidad, preguntándose, en el informe titulado Protección al tablero, si ha servido, sirve, qué se ha hecho bien y qué le hace falta al sistema de protección brindado por el Estado colombiano e implementado, entre otros, por la UNP.
El informe debió servir como un insumo fundamental para reorientar y dinamizar la estrategia de protección, ya que su elaboración fue rigurosa y contó con la participación de los que en terreno viven las amenazas y el riesgo. Lamentablemente fue elaborado por los nadie, los que no importan y no deciden, por eso el gobierno del presidente Santos, no orientó a la UNP, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia, a la fuerza pública y, menos aún, convocó a realizar un trabajo mancomunado a la Fiscalía General de la Nación.
En lo referente a la protección, se ve cómo se han presentado innumerables solicitudes de protección. En los inicios de 2014 ya se registraban 20.537 solicitudes, de las cuales solo fueron aprobadas 7487, afirma el informe “es decir que el 20.4 % de las medidas de protección de la UNP están direccionadas a defensores y líderes sociales, y solo el 36,8% de las solicitudes de protección hechas por defensores ante la unidad, resultan siendo reconocidas como con riesgo real”.
El organismo de protección
La UNP le cuesta anualmente más de 300 mil millones de pesos anuales, para la vigencia presupuestal del 2015, se aprobaron $374.251.855.905. Parece una suma astronómica y el decir de muchos irresponsables es que ese dinero lo despilfarran los defensores de Derechos Humanos.
La realidad es otra
El funcionamiento de la UNP puede llegar a ser de 200 mil millones de pesos anualmente, el 70.2% se lo llevan las empresas privadas ya que la seguridad de los protegidos es manejada por terceros. De 3000 empleados de la seguridad el 76.7% son privados, reza el informe; eso daría a entender que el Estado no tiene el personal idóneo, o si lo tiene, igual no goza de la confianza necesaria por parte de los amenazados y en situación de riesgo para tenerlos asignados a los esquemas de protección.
Pero hay más, según la Revista Semana, muestra cómo de las 9.762 personas que tienen riesgo, 733 son defensores de Derechos Humanos, en quienes el gobierno invierte en su seguridad $27.067.421.226. Pero viene lo inverosímil, el gobierno destina para la protección de 655 funcionarios y exfuncionarios públicos y las familias de estos $93.397.737.548 que en la mayoría de los casos viven en Bogotá, que no es considerada una zona de alto riesgo; además muchas veces se les da la seguridad por palancas políticas o en su defecto por un asunto de estatus que no significa riesgo inminente, esto lleva a preguntar: ¿en quienes se derrocha buena parte de los dineros públicos para la protección en Colombia?
Pero si lo anterior es de no creerse, la respuesta que da el ministro Juan Fernando Cristo, causa sorpresa e hilaridad: “Hoy hay muchos exfuncionarios que ya no necesitan el esquema de seguridad pero que lo siguen sosteniendo. Confieso una cosa: ¡Qué difícil es quitarle el esquema de protección a un exfuncionario, de este gobierno y de gobiernos anteriores, cuando ya no lo necesitan! Y en cambio no damos abasto a veces para entregar esquemas de protección a quienes sí lo necesitan”.
A la fecha lo único que se sabe a ciencia cierta es que el Cerrem y la UNP continúan en la vertiginosa carrera de quitar esquemas y negar solicitudes. Todo parece indicar que a los que les pasa esto en el marco de la cacareada “austeridad” son los que en verdad no los necesitan. Sería bueno que el gobierno informará a cuántos de los 655 funcionarios y exfuncionarios realmente se les ha reducido o retirado el esquema de protección.
¿Existe o no negligencia a la hora de asumir la seguridad de los amenazados en Colombia?
El día 14 de agosto del año en curso Jonathan Bock, de la Revista Semana, en la columna titulada Carta abierta al director de la UNP, le escribía a su actual director, Diego Fernando Mora, afirmando que esa entidad de protección es negligente a la hora de brindar protección, para esto le relató la historia de dolor que vivió una familia por falta de apoyo real para garantizar la seguridad.
Le mostró con lujo de detalles cómo Antonio Peralta, de 63 años, profesión periodista, estaba amenazado y cómo la negligencia y la falta de voluntad política lo dejó asesinar, además que la esposa, que había sido herida en el atentado, falleció tras estar cinco meses en cuidados intensivos.
También le informaba que el hijo mayor recogió las banderas de lucha contra la corrupción que el padre asesinado había enarbolado en el norte del departamento del Caquetá; él, conociendo los riesgos, solicitó la protección a la UNP.
El nivel de riesgo fue calificado como extraordinario el día 6 de julio, pero solo hasta el 13 de agosto se le implementó el esquema de seguridad.
Análisis Urbano, refuerza lo dicho por el columnista, es inadmisible que la UNP, organismo encargado de la seguridad y la protección de los amenazados y en situación de riesgo en Colombia, no tengan dónde acudir. Sí, señor director, Diego Fernando Mora, no se puede pregonar a los cuatro vientos eficiencia, transparencia, eficacia, austeridad, cuando se está jugando con la vida de los seres humanos.
Esta entidad tiene una crisis que va más allá de lo económico. La seguridad está estratificada y no tiene parámetros reales de evaluación para determinar los riesgos. Saben sus asesores, analistas de riesgo, ¿qué tipo de criminalidad se asienta en el Valle del Aburrá? No. Desde Bogotá se cree todavía que la situación de violencia, criminalidad e inseguridad en el Medellín metropolitano se debe a la presencia de bandas de delincuencia común, es tan grave su equivocación y desconocimiento de la realidad, que pareciera que no supieran qué es el Pacto del fusil, quiénes son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, qué es la Oficina del Valle del Aburrá. Situaciones parecidas ocurren en otros departamentos como Valle, Norte de Santander, Córdoba, Sucre, Atlántico, entre otros.
Hace unos años, por negligencia del gobierno nacional, departamental y municipal, mataron en Medellín a Judith Adriana Vergara, defensora de Derechos Humanos; posteriormente a Víctor Hugo Gallego Arboleda, testigo en el caso que se adelantaba contra Carlos Pesebre; luego a Ana Fabricia Córdoba, otra defensora de Derechos Humanos. Luego fue víctima Jhon Alexander Pulgarín, seguido del reclamante de tierras Iván Darío Restrepo. Recientemente fueron asesinados Luis Fernando Wolf Isaza, Viviana Agudelo Zapata y Juan David Quintana, este último es el caso más reciente en la ciudad innovadora, todos los anteriores tenían un común denominador, eran defensores de Derechos Humanos y en muchos de sus casos aplicó el título de la novela de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada.
Señor director de la UNP, dígale eso mismo al ministro del Interior, al de Justicia, al fiscal general de la nación y, por ende, al presidente Juan Manuel Santos. Dígales que ellos no eran “nadie” y por eso no deben importar sus muertes. Hay tareas más importantes, como cuidar a los funcionarios y exfuncionarios que no tienen problemas de seguridad, pero que sí son alguien para usted.
Tranquilo, señor director. Por favor extiéndale su tranquilidad y pasividad al ministro Juan Fernando Cristo Bustos, las víctimas aquí presentadas no serán las primeras ni las últimas. Recuerde que: “Un total de 69 defensores de derechos humanos y líderes políticos o comunales han sido asesinados en Colombia en lo que va del 2015, informó este miércoles un representante de la Organización de Naciones Unidas, ONU, en el país, quien consideró esta cifra ‘muy alarmante’”.
Le informamos y le hacemos responsable de la vida de otros defensores de Derechos Humanos, entre los cuales hay periodistas, concejales y líderes sociales. Para ellos es inminente un ataque de los enemigos de la paz y los Derechos Humanos. Usted sabe quiénes son, a diario imploran ante su entidad por la seguridad, siempre se las niegan, ellos son “nadie” para usted.
Esperemos que a los “nadie” nada les pase, pero si les pasa, igual que le acaeció a Luis Carlos Cervantes, que nadie le creyó cuando anunciaba que su vida estaba en riesgo y luego de eso lo asesinaron, usted y el gobierno que representa responderá, téngalo por seguro, no olvide que es funcionarios público y tiene deberes y obligaciones para cumplir.
Análisis Urbano y la ONG Corpades, lo invitan a que revise nuevamente la lista de solicitudes, pida sinceridad y seriedad a quienes realizan los estudios, siempre tenga el beneficio de la duda de las fuentes oficiales que le dan la información sobre los amenazados o en situación en riesgo; no olvide que ellos todo lo valoran por debajo de la realidad. Lo invito a leer la columna de opinión del periodista e investigador Juan Diego Restrepo, publicada en la Revista Semana y titulada: Incredulidad institucional llevó a periodista a la muerte.
Píldora urbana:
Según el informe Los nadie, las amenazas se incrementaron entre septiembre de 2014 y lo corrido de 2015. Aumentó en 216% el número de defensores de Derechos Humanos amenazados. “En promedio, entre enero y junio de 2015, cada día fueron agredidos 2 defensores(as) y cada 5 días fue asesinado uno(a) de ellos(as). El informe también señala que de las 399 agresiones individuales registradas en el SIADDHH, los departamentos que cuentan con mayor número de casos son Bogotá (paso de 13 casos en 2014 a 144 en 2015), Valle del Cauca (paso de 34 casos en 2014 a 81 en 2015), seguida de Cauca, Atlántico, Sucre, Antioquia y Meta”
¿Dónde está el fiscal general de la nación, Eduardo Montealegre, y el vicefiscal, Jorge Perdomo, encargados de dar con los responsables de la muerte de estos activistas por la paz y los DD. HH.?
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