Buenaventura, Colombia, 17 mayo de 2025.- La Defensoría del Pueblo de Colombia emitió una alerta contundente sobre la grave crisis humanitaria que enfrentan más de 4.000 personas en el distrito de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca, como consecuencia de los enfrentamientos armados entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido erróneamente como «Clan del Golfo».
La alerta fue anunciada este sábado por la defensora del Pueblo, Iris Marín, luego de una visita de dos días a la región en compañía de representantes de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Durante la misión humanitaria, se evidenció el deterioro extremo de las condiciones de vida, así como múltiples violaciones a los derechos humanos en las comunidades del Bajo Calima.
“La persistente presencia y disputa violenta entre el ELN y el EGC, en alianza con el frente Jaime Martínez de las disidencias, ha generado una alarmante crisis que ha afectado la vida, integridad y dignidad de más de 4.000 personas”, afirmó Marín.
Las poblaciones más afectadas pertenecen al Consejo Comunitario del Bajo Calima y al pueblo indígena Wounaan del Resguardo Santa Rosa de Guayana, quienes habían retornado a sus territorios en diciembre de 2023 y junio de 2024 tras haber sido desplazados previamente hacia albergues en el casco urbano de Buenaventura y en la ciudad de Cali.
Retornos frustrados por recrudecimiento del conflicto
El recrudecimiento de la violencia en 2025 ha obligado a estas comunidades, que ya vivieron el flagelo del desplazamiento, a enfrentarse nuevamente a hechos de extrema gravedad. Entre las afectaciones documentadas por la Defensoría se incluyen:
Homicidios selectivos.
Presencia de minas antipersona y artefactos explosivos improvisados.
Reclutamiento forzado de menores de edad.
Desapariciones forzadas.
Violencia sexual y amenazas contra líderes sociales.
“Estas comunidades retornaron con esperanza, pero hoy enfrentan nuevamente la violencia. No quieren volver a desplazarse. Exigen garantías de un retorno digno y seguro”, enfatizó la defensora Marín.
Alerta temprana ignorada
La Defensoría recordó que ya había advertido esta situación mediante la Alerta Temprana 039/2023, que señalaba el riesgo creciente para los habitantes del Bajo Calima debido a la presencia y confrontación de actores armados ilegales. Pese a ello, la respuesta institucional ha sido limitada y poco eficaz, según denunció la entidad.
Los líderes y lideresas sociales han manifestado sentirse abandonados por el Estado. Realizan su labor en medio de amenazas constantes, estigmatización y una escasa presencia institucional que impide la garantía de sus derechos.
El Valle del Cauca y su vecino Cauca se han convertido en epicentro de disputa por parte del ELN, el EGC y diversas disidencias de las FARC. Estas estructuras armadas buscan controlar economías ilícitas como:
Minería ilegal
Narcotráfico
Tráfico de personas
Extorsión
Contrabando
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a la comunidad internacional para que se refuercen las acciones institucionales, se garantice la protección de las comunidades y se tomen medidas efectivas de prevención frente a nuevas situaciones de desplazamiento y violaciones a los derechos humanos.
