Cúcuta (Colombia), 6 may – La Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió este martes que el recrudecimiento de la violencia en la región del Catatumbo, en el noreste del país, deja ya 117 muertos, más de 64.000 personas desplazadas y múltiples violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Así lo informó la defensora del Pueblo, Iris Marín, al presentar en Cúcuta, capital de Norte de Santander, departamento al que pertenece el Catatumbo, un informe que advierte sobre la persistencia de la crisis humanitaria en esa región.
La crisis comenzó el pasado 16 de enero cuando la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) lanzó una sangrienta ofensiva contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC por el control del Catatumbo, dejando a la población civil de zonas rurales bajo el fuego cruzado.
Titulado ‘El Catatumbo después de la crisis: desafíos en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario’, el informe documenta 117 homicidios, 64.783 personas desplazadas, 12.913 confinadas, el uso de drones explosivos y minas antipersonal cerca de escuelas, y agresiones contra comunidades indígenas y firmantes de paz, entre otras violaciones.
En las primeras semanas ese conflicto entre guerrillas dejó unos 70 muertos y más de 54.000 desplazados pero tanto los asesinatos como las personas que se han visto obligadas a irse de sus casas han continuado en algunos municipios de esa zona.
«Continúa la situación de crisis y conflicto armado», afirmó Marín, quien atribuyó el repunte de la violencia a una «confrontación armada muy fuerte entre el ELN y las disidencias de las FARC, especialmente en Tibú y El Tarra», así como a la consolidación territorial del ELN en municipios como Ocaña, Convención y Sardinata.
El documento de 72 páginas señala que estos enfrentamientos han derivado en el «uso de métodos de guerra no convencionales y agresiones directas a la población civil», como violencia sexual, trata de personas, reclutamiento forzado de menores, y ataques a líderes sociales y defensores de derechos humanos, especialmente en zonas rurales.
Además, la defensora del pueblo advirtió sobre el riesgo de expansión en esa zona del Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, lo que puede aumentar la presión sobre la población civil.
«Hay un riesgo que no es solo una situación real y actual, pero es un riesgo: la expansión del Clan del Golfo, denominado Ejército Gaitanista de Colombia, que viene expandiéndose desde el sur de Bolívar, el sur del Cesar y también desde el Magdalena Medio. Se deben mantener las medidas de la fuerza pública para evitar que haya un ingreso de ese grupo al Catatumbo», aseguró la funcionaria.
El informe concluye con una serie de recomendaciones para asegurar el retorno de las comunidades desplazadas y la protección de líderes sociales, instando al Estado a redoblar sus esfuerzos institucionales y humanitarios ante lo que describe como la peor crisis de derechos humanos registrada en la región del Catatumbo en los últimos años.
EFE