Bogotá, 22 marzo.- La Defensoría del Pueblo hizo este lunes, en el Día Mundial del Agua, un llamado urgente a las autoridades colombianas para que incrementen las acciones contra los problemas que afectan los recursos hídricos, entre ellos la deforestación.
Según la entidad, el 2019 se deforestaron en Colombia 158.894 hectáreas y de ellas 98.256 hectáreas estaban en la Amazonía. Además, la Encuesta de Calidad de Vida del 2019, asegura que más de 2 millones de hogares no disponían de acueducto, de los cuales el 83 % estaba en zonas rurales.
Los departamentos con las coberturas más bajas en abastecimiento de agua son La Guajira, Guainía, Vaupés, San Andrés, Vichada, Amazonas, Chocó, Guaviare y Putumayo.
«En el Día Mundial del Agua hacemos un llamado a incrementar de manera urgente los esfuerzos de conservación de los ecosistemas estratégicos del país, así como luchar contra problemas que afectan nuestros recursos hídricos como la deforestación, la minería ilegal y la expansión de la frontera agrícola y ganadera», dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, citado en un comunicado de su despacho.
Remarcó que «es fundamental eliminar las amenazas que hay sobre los bosques, páramos y selvas» por lo que se requieren «actuaciones inmediatas» que permitan eliminar el problema de deforestación y la contaminación de fuentes hídricas.
TRABAJO MANCOMUNADO
La directora del Instituto Javeriano del Agua, Andrea Luna, asegura que Colombia tiene una riqueza hídrica única representada en aguas lluvias, superficiales, subterráneas, termominerales, de origen glaciar y aguas marinas y oceánicas.
Además, es el único país de América del Sur que tiene costas sobre el Caribe y sobre el Pacífico. A eso se suma que 26 % del territorio está compuesto por arrecifes, estuarios, manglares, ciénagas, turberas, sabanas y bosques inundables.
Pese a esta riqueza hídrica Luna se pregunta ¿por qué esto no se ve reflejado en términos socio-económicos para nuestro país y sus habitantes? y ¿Por qué tan solo el 46 % de los colombianos que viven en zonas rurales tienen acceso a agua potable?.
Ante estas y otras situaciones Luna considera que para una gestión sostenible del agua se requiere que las instituciones gubernamentales, no gubernamentales, académicas y del sector privado, en alianza con las comunidades, trabajen en conjunto.
«Esto permitirá generar una planificación y gobernanza articuladora y cooperativa, que incluya elementos basados en la memoria e identidad del territorio y su biodiversidad, con una mirada sistémica y no sectorial, para generar soluciones a los problemas relacionados con el agua, y de esa manera, garantizar la sostenibilidad de una de las mayores riquezas que tenemos en nuestro país» como es el agua.
