Colombia, 7 agosto de 2024.- La Defensoría del Pueblo, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), ha emitido el Comunicado 705, informando sobre el monitoreo y advertencias realizadas respecto a los factores de amenaza que constituyen riesgos para la población debido al conflicto armado en el país. Entre 2017 y lo que va de 2024, se han emitido 317 Alertas Tempranas (AT), de las cuales el 54% (173 AT) han alertado sobre la presencia y operación criminal de las antiguas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en la actualidad se denominan Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) en diferentes regiones del territorio nacional.
El aumento de la presencia, injerencia o tránsito del grupo armado entre 2019 y 2024 ha sido significativo, incrementándose en un 84%, pasando de 213 municipios hace cinco años a 392 en la actualidad. Esto convierte a las AGC en una de las estructuras al margen de la ley con mayor crecimiento en Colombia.
Los departamentos con mayor número de AT emitidas sobre las actividades delictivas del EGC son:
- Antioquia: 39 AT
- Chocó: 38 AT
- Bolívar: 21 AT
- Córdoba y Meta: 17 AT cada uno
- Nariño, Cauca y Valle del Cauca: 15 AT cada uno
- Cesar y Cundinamarca: 13 AT cada uno
Actualmente, las operaciones del EGC se extienden a 24 de los 32 departamentos del país.
La Defensoría ha alertado sobre la posible ocurrencia de más de 50 tipos de conductas vulneradoras de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH). Entre los hechos más recurrentes se encuentran los desplazamientos forzados masivos, confinamientos, reclutamiento, uso y utilización de menores de edad, masacres, desapariciones forzadas, enfrentamientos armados con interposición de la población, violencia sexual y restricciones a la movilidad.
En relación con las economías ilícitas del EGC, el narcotráfico ha sido identificado en el 92% de las AT emitidas (166 AT) como una de las principales actividades delictivas del grupo. Además, en 70 AT se ha identificado su operación en minería ilegal, en 66 AT en actividades relacionadas con contrabando y en 20 AT en préstamos conocidos como ‘gota a gota’.
Estos hechos sistemáticos, que vulneran y violentan los derechos humanos, además de contravenir lo establecido por el DIH, han llevado a la Defensoría del Pueblo a solicitar al Gobierno Nacional y a los entes competentes del orden territorial la implementación de acciones y planes de protección efectivos para las comunidades, especialmente en aquellas zonas afectadas por el conflicto armado, sin importar si la amenaza proviene únicamente del EGC o de otros grupos armados al margen de la ley. Es obligación del Estado garantizar los derechos de la población civil.
A.U.