Un total de 1.764.883 ciudadanos venezolanos se encuentran hoy en nuestro país. La cifra es de Migración Colombia, según el último informe entregado el pasado 30 de junio, donde se indica además que 153.937 de ellos están en el departamento de Antioquia y 87.942, en calidad de regulares, viven en la ciudad de Medellín. La cifra podría ser mucho mayor, teniendo en cuenta que muchos de estos ciudadanos nunca han buscado la ayuda del Estado colombiano, por temor a ser deportados.
Aunque la ciudad de Medellín cuenta hoy con la Unidad de Programas Especiales – UPSE – que brinda atención a la población migrante y la línea 123 social, que recibe vía telefónica, todos los casos relacionados con este grupo poblacional; la capital antioqueña no cuenta con una caracterización que permita identificar las necesidades más sentidas de esta población. A ello se suma que la capacidad institucional es insuficiente para atender la demanda de este grupo poblacional.
Con el propósito de conocer cuál es la situación de los ciudadanos venezolanos en la capital antioqueña, la Personería de Medellín, a través del Grupo Especial de Asuntos Étnicos y Migrantes, ha realizado una radiografía en la que se han podido determinar cuáles son las problemáticas más latentes para estas personas.
Acceder al derecho fundamental a la salud ha sido el principal obstáculo con el que cuentan los ciudadanos venezolanos en Medellín, muchos de ellos, por la falta de un PEP – Permiso Especial de Permanencia –, solo tienen acceso a los servicios de urgencias.
Su estatus migratorio irregular ha llevado a que no puedan ser afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, motivo por el cual han acudido a la tutela, como el mecanismo más efectivo para que se le garantice ese derecho.
La Personería de Medellín ha atendido durante el año en curso, 108 acciones de tutela con efectividad del cien por ciento, una impugnación de fallo y un incidente de desacato, entre regulares e irregulares.
Otro problema complejo que se logró identificar con la falta del PEP, está relacionado con las barreras que encuentran los ciudadanos venezolanos, para acceder a un empleo formal y a la educación superior.
De acuerdo con Lidy Mary Palacio, coordinadora del Grupo Especial de Asuntos Étnicos y Migrantes de la Personería de Medellín, “en febrero de este año, el gobierno nacional expidió un decreto por medio del cual se otorgaba el PEPFF – Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización –, un permiso para ciudadanos irregulares que tuvieran un contrato de trabajo ya firmado. Sin embargo, ello no se constituye en una solución de fondo para la regularización del estatus migratorio, motivo por el cual, desde la Personería de Medellín, exhortamos al gobierno nacional a reformas en las políticas migratorias”.
Otra de las dificultades que encuentran los migrantes venezolanos en nuestra ciudad, está relacionada con el acceso a la educación superior, motivo por el cual se espera la expedición del decreto que les permita gozar de este derecho.
Finalmente, muchos de los venezolanos que habitan este territorio, se han convertido en víctimas de la dinámica de violencia que se presenta en la ciudad. Así fue evidenciado en la alerta temprana 032 de 2020, realizada por la Defensoría del Pueblo.
Se ha identificado que los Niños, Niñas y Adolescentes están siendo utilizados por grupos ilegales, lo que los convierte en un grupo poblacional vulnerable.
Aunado a esto, hay 146 extranjeros privados de la libertad en las diferentes estaciones de policía de Medellín, la gran mayoría de ellos, venezolanos. Otro de los hallazgos se relaciona con que a los extranjeros que se encuentran en estos lugares, no cuentan con plena identidad, lo que dificulta el cumplimiento de la sentencia ST 14283 de 2019, que ordena el traslado de personas a los centros carcelarios.
Finalmente, de acuerdo con Migración Colombia, se espera que luego del levantamiento de las medidas restrictivas, retornen a la ciudad de Medellín 3.800 venezolanos; el 80 por ciento lo haría en compañía de una persona más.
