Bogotá, 22 may – Lyan José Hortúa, el niño de 11 años secuestrado el pasado 3 de mayo por disidencias de las FARC en una zona rural del municipio de Jamundí, en el departamento colombiano del Valle del Cauca (suroeste), fue dejado en libertad este miércoles, confirmó la defensora del Pueblo, Iris Marín.
La funcionaria celebró la noticia en un mensaje de X asegurando que «está en libertad» y condenando las múltiples noticias de secuestros en el país: «No queremos más noticias de dolor, menos para los niños y niñas».
Marín había ofrecido el respaldo institucional de la Defensoría para facilitar la liberación, al tiempo que recordó que «ningún niño o niña puede ser considerado botín de guerra ni usado como pieza de negociación».
El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, aseguró que «la libertad de Lyan, un niño que nunca debió ser separado de su hogar, representa una victoria de todos los que creemos en un país donde la niñez se respeta y se protege».
«Su regreso fue posible gracias, a la mediación humanitaria de la Defensoría del Pueblo, cuya labor fue fundamental para que este desenlace fuera posible sin más dolor ni riesgo.
La liberación se produce un día después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, exigiera su entrega a través de un mensaje publicado en su cuenta de X.
«Lyan no es una mercancía, quienes convierten un niño en mercancía ya no son sino tratantes de personas: esclavistas. Quienes lo retienen, desobedezcan a sus superiores. Libérenlo ya», expresó el mandatario.
Un crimen repudiado
Lyan fue secuestrado en el caserío de Potrerito, en Jamundí, cuando salía de la iglesia acompañado de su madre y fue interceptado por hombres armados.
Según las autoridades, detrás del crimen está un grupo disidente de las FARC que opera en la zona.
El Valle del Cauca es uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado en Colombia, con presencia activa de disidencias de las FARC, bandas criminales y otros grupos armados en más del 67 % de su territorio, de acuerdo con las autoridades regionales.
Desde su llegada al poder en 2022, Petro ha impulsado una política de ‘paz total’ con distintos grupos ilegales, con avances desiguales: mientras algunos procesos muestran progresos, otros —como con estas disidencias— enfrentan rupturas y continúan perpetrando secuestros y ataques.
La semana pasada, decenas de personas marcharon en Jamundí exigiendo la liberación inmediata del menor.
La Gobernación del Valle del Cauca ofrecía una recompensa de hasta 200 millones de pesos (unos 52.000 dólares) por información sobre su paradero.
Las autoridades todavía no han revelado detalles sobre el lugar o las condiciones en las que fue entregado el menor.
EFE