Roma, 2 de febrero de 2022.- Asociaciones, organizaciones humanitarias internacionales y partidos políticos italianos piden al unísono que Europa e Italia pongan fin al acuerdo con Libia, del que hoy se cumplen cinco años y que. según denuncian, esconde torturas, abusos y la violación de derechos humanos de los migrantes, sin que se hayan solucionado los flujos migratorios procedentes de ese país.
En febrero de 2017, en plena crisis migratoria, el Gobierno italiano firmó un acuerdo patrocinado por la Unión Europea (UE) con el Gobierno libio: el Memorando de Entendimiento sobre Migración, que fue renovado en 2020 por otros tres años, a pesar de la inestabilidad en el país.
En virtud de este pacto, Italia y la UE se comprometían a ayudar a los guardacostas libios a mejorar su capacidad de vigilancia marítima, proporcionándoles apoyo financiero y medios técnicos. «Desde 2017, Italia ha destinado 32,6 millones de euros a misiones internacionales de apoyo a los guardacostas libios, 10,5 millones de ellos en 2021», denunció hoy Médicos sin Fronteras (MSF).
La UE, en estos cinco años, ha destinado a Libia más de 455 millones de euros para frenar los flujos migratorios, ya favorecer la repatriación voluntaria y el desarrollo del país, añade la ONG.
LAS ONG DENUNCIAN UN SISTEMA DE ABUSOS
El acuerdo, según MSF, apoya «el sistema de explotación, extorsión y abuso en el que se encuentran atrapados tantos migrantes».
«Instamos al Gobierno italiano y a las instituciones de la UE a que pongan fin a todo apoyo político y material, directo e indirecto, al sistema de devolución de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo a Libia y a su detención allí», señaló hoy Juan Matías Gil, coordinador de las operaciones de búsqueda y rescate de MSF en el Mediterráneo central.
La ONG Oxfam, por su parte, denunció en un informe realizado también con motivo del quinto aniversario de este acuerdo que, en 2021, 20.000 migrantes «desaparecieron» en Libia y que es posible que hayan terminado en centros clandestinos de detención o en la llamada «industria de los rescates», en la que las mafias piden dinero a sus familiares para dejarles marchar a Europa.
Desde 2017, más de 80.000 migrantes fueron devueltos al infierno de los centros de detención por la llamada Guardia Costera de Libia, incluidos 1.200 menores sólo el año pasado, criticó Oxfam.
«Asistimos a una macroscópica y persistente violación de los derechos humanos , que tal y como denuncia Naciones Unidas, no solo está protagonizada por grupos armados o traficantes libios e internacionales, sino con la complicidad de funcionarios de la Dirección para la lucha contra los inmigración (DCIM) del Ministerio del Interior de Libia», aseguró en un comunicado.
Y añade que «recientemente se han documentado episodios de violencia y violación muy graves en el centro penitenciario de Mitiga, así como en otros centros oficiales de detención gestionados en Zawiyah, Trípoli y alrededores».
El investigador de Amnistía Internacional sobre migración y asilo Matteo de Bellis denunció que “la cooperación con las autoridades libias hace que personas desesperadas queden atrapadas en condiciones de un horror inimaginable» con «escalofriantes centros de detención, donde la tortura está a la orden del día».
EUNAVFORMED CERTIFICA EL USO EXCESIVO DE LA FUERZA
El diario italiano «Avvenire» divulgó esta semana un informe confidencial de Eunavformed, el dispositivo naval de la UE, en el que se indicaba que «la Guardia Costera de Libia ha demostrado que sigue las pautas operativas para las que fue entrenada, pero no del todo, empezando por un uso excesivo de la fuerza».
En este informe «reservado», que publica el diario, se reconoce que no existe una única «guardia costera», sino varias siglas y que Italia incluso ha coordinado la interceptación de migrantes por parte de las lanchas patrulleras del general Jalifa Hafter, el hombre fuerte de Bengasi, que había intentado derrocar al gobierno reconocido de Trípoli.
También el diputado del partido de izquierdas Libres e Iguales (LEU) Erasmo Palazzotto pidió con ocasión de este aniversario que el Gobierno ponga fin a este acuerdo en el que «Italia y la UE se han convertido en cómplices de la devolución a Libia de 82.000 personas en unas grave violación de los derechos humanos».
Cristina Cabrejas
EFE
