Washington, 28 de febrero de 2024.- La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) denunció este miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la existencia de 29 presuntos casos de criminalización tras la aplicación de la Justicia indígena en el país andino.
«La estructura del movimiento indígena ha levantado un informe, el cual recoge 29 casos de criminalización de dirigentes comunitarios por el ejercicio de la Justicia indígena», señaló Lenin Sarzosa, coordinador jurídico de la Conaie durante una audiencia en el período 189 de sesiones de la CIDH en la capital estadounidense.
Anotó que han estudiado específicamente cuatro casos, que les permitió «evidenciar las contradicciones entre los dos sistemas de Justicia» en referencia a la ordinaria y la indígena.
Como ejemplo, relató un caso de una presunta estafa con moneda electrónica, lo que generó una estructura piramidal, que afectó económicamente a comunidades indígenas del pueblo Panzaleo.
«En este caso el movimiento indígena y toda su estructura, realizaron varias denuncias a la Fiscalía General del Estado, las cuales no prosperaron, por lo cual decidió activar su propia jurisdicción», dijo.
Aseveró que en el caso se procesó a dos personas y se logró la reparación integral, pero ahora la Fiscalía ha abierto una investigación contra tres dirigentes indígenas por el presunto delito de secuestro.
Esto -dijo- «llama absolutamente la atención, ya que activaron jurisdicción indígena y llevaron a cabo todo el proceso señalado dentro de estándares internacionales y la Constitución».
¿Estigmatización?
De su lado, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, alertó de que pese al reconocimiento de la Justicia indígena en el país «existe un número significativo de casos en que la Justicia penal ordinaria emprende acciones en contra de las autoridades comunitarias que ejercen jurisdicción de acuerdo a su derecho propio».
«Estos procesos penales criminalizan el ejercicio de un derecho colectivo de los pueblos indígenas», dijo al agregar que la crisis de seguridad que enfrenta Ecuador impacta seriamente a las comunidades indígenas, «sin que el Estado ecuatoriano haya estado en capacidad de garantizar el derecho a la seguridad integral de sus habitantes».
Para Iza, la Justicia indígena es un aporte de los pueblos indígenas a resolver el problema de seguridad, descongestionar el sistema de Justicia y ahorrar recursos en el sistema ordinario.
Recordó que en la costa, sierra y amazonía hay unas 10.000 comunidades indígenas.
«Esta es nuestra capacidad organizativa con la cual nos enfrentamos a la delincuencia, el crimen organizado», dijo el dirigente indígena de Ecuador, país donde el año pasado hubo varios casos de ajusticiamientos indígenas.
Iza defendió la importancia de las guardias comunitarias y la capacidad de autodeterminación y autocontrol en los territorios indígenas.
«En la actualidad enfrentamos un proceso de estigmatización y persecución sistemática, instalando en la sociedad la idea del enemigo interno, la idea del terrorismo, confundiendo fácilmente un acto criminal de las bandas delincuenciales con un acto de defensa territorial», aseveró.
Iza pidió a la CIDH que promueva espacios de diálogo entre los Estados y la sociedad civil en el ámbito interamericano para discutir estrategias de protección y fortalecimiento del ejercicio de los sistemas de Justicia propio de los pueblos indígenas, en el contexto de la crisis de seguridad por la que atraviesan varios países de la región.
Interculturalidad transversal
De su parte, Alonso Fonseca, representantes de la Procuraduría General del Estado ecuatoriano, pidió información de las 29 denuncias planteadas y destacó que los temas de interculturalidad son transversales en los cinco poderes del Estado.
Además, destacó que en la práctica es importante no solo contar con traductores de idiomas ancestrales sino intérpretes pues ello incluye contextos sociales, y mencionó la necesidad de cooperación y complementariedad entre la Justicia ordinaria y la indígena.
Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, subrayó que la Constitución ecuatoriana reconoce el ejercicio de funciones jurisdiccionales a las autoridades indígenas y la aplicación de normas y procedimientos propios de justicia que no sean contrarios a la Constitución y al derecho internacional.
EFE
