La Defensoría del Pueblo indicó que desde que se inició este 2018 en el Bajo Cauca se regresó paulatinamente a aquellas décadas de violencia que dejaron regueros de sangre y temor generalizado en esa subregión antioqueña.
Según la Policía Nacional, en los seis municipios que hacen parte del Bajo Cauca se cometieron 212 homicidios entre el 1 de enero y el 22 de junio de 2018, un incremento del 19%. En igual periodo de 2017, la cifra de asesinatos fue de 73.
Los campos cultivados con hoja de coca, los laboratorios y los corredores por donde se mueven hombres, armas y droga están en disputa a muerte.
En la región se pelean el control territorial las disidencias de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, conocidas como Los Caparrapos (surgidas en 2017), disidencias de las Farc, la guerrilla del ELN y las propias AGC. Según la Defensoría, también está en juego la renta que produce la extorsión al comercio, a los transportadores y a los mineros.
Ese choque armado ha expulsado a cerca de 4.000 personas de sus territorios.
La crisis de Hidroituango también tiene su cuota en el desplazamiento. Inclusive, se denuncia que en los albergues hay presencia de miembros de los grupos armados ilegales quienes siguen cobrando la vacuna así los locales comerciales estén cerrados. La emergencia en la represa ha servido para distraer la atención y olvidar el verdadero problema social y de inseguridad que se vive en el Bajo Cauca, principalmente en Caucasia, Tarazá y Cáceres.
De Cáceres fueron desplazadas 1.413 personas. Y de Zaragoza salieron por la fuerza 90 personas hace apenas dos semanas. Muchos de estos afectados llegan al casco urbano y luego, por la falta de comida, atención, oportunidades y más amenazas, viajan a Medellín. También a Bello y a Itagüí.
Llegar a estas ciudades significa escapar de un problema para caer en otro. No tienen un lugar donde quedarse, no tienen alimentación, no hay empleo y por estas razones terminan los niños desescolarizados y enfermos, las jóvenes prostituyéndose en redes de trata de blancas y los adolescentes vinculados con grupos delincuenciales de las comunas a las que llegan para sobrevivir.
Según la Defensoría del Pueblo, entre enero y junio de este año han sido desplazadas del Bajo Cauca 4.162 personas. Por su parte, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), señala que en 2018 se han presentado 11 desplazamientos masivos en el Bajo Cauca y 1.828 personas han sido expulsadas de manera individual, principalmente de Tarazá.
El desplazamiento se da por amenazas, despojo de tierras, reclutamiento de menores, desaparición forzada, extorsión y homicidios selectivos.
Las autoridades, de manera sorprendente, centran su atención y esfuerzos en superar la crisis de la represa y miran de soslayo el tema humanitario y de inseguridad que padece la subregión. En cuanto a Medellín y el Valle de Aburrá, la contundencia de las administraciones locales se centra en aumentar el pie de fuerza y los recorridos militares en sus calles para combatir la inseguridad.
En lo que respecta a la capital antioqueña, en Belencito, Cauces de Oriente y Caribe les brindan ayuda humanitaria temporal a los desplazados. Es todo.
En el primer trimestre de este año llegaron a Medellín, según la Secretaría de Inclusión, Familia y Derechos Humanos, 3.258 personas desplazadas de diversos municipios de dentro y fuera del departamento. De estas, 1.837 llegaron de la subregión del Bajo Cauca.
Para entonces no se había presentado la emergencia en Hidroituango. Ante esta crisis humanitaria, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, pidió celeridad al Gobierno Nacional para que pusiera en marcha acciones para fortalecer la ayuda a estas personas.
Gutiérrez advirtió que el número exacto de desplazados es desconocido, puesto que de los municipios expulsores no se tiene el dato de las personas que salen y en Medellín no hay manera de saber cuántos han llegado y cuántos lo siguen haciendo.
A Medellín llegan también familias enteras de Ituango, del Nordeste y de Urabá, huyendo de la violencia. A ello hay que sumarle los miles de ciudadanos venezolanos que arriban a la capital antioqueña en búsqueda de oportunidades.
A toda esta población la Alcaldía les brinda asesoría jurídica, atención psicosocial, rutas de acceso a derechos e información sobre oferta institucional. Ellos quieren empleo, un lugar dónde vivir y escuelas para sus hijos.
En Medellín, según la Alcaldía, hay más de 680.000 víctimas del conflicto armado procedentes de diversas zonas del departamento y el país. Y la cifra no incluye a las personas que han llegado de Venezuela, que están por el orden de las 60.000, según un reporte preliminar de Migración, aunque extraoficialmente se conoce que son más de 150.000 venezolanos quienes hacen presencia en Medellín.
Desplazamiento forzado, un drama que no cesa en el Bajo Cauca antioqueño. 4.162 personas han sido desplazadas en esta región, entre enero y junio de 2018, según datos de @DefensoriaCol
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