En un comunicado de prensa, la Corporación para la defensa y promoción de los derechos humanos –Descolpaz-, lamentó el asesinato de Martin Barrios, presidente de la Junta de Acción Comunal de Villaflor, ubicada en el corregimiento de Belén de Bajirá, (Riosucio, Chocó), ocurrido el pasado 13 de febrero.
Asimismo, denunció que desde el día 15 de febrero de 2019 en el sitio conocido como Caño Seco, en las comunidades de Puerto Lleras, Jarapeto, cerca del resguardo indígena del Alto Guayabal, incursionaron grupos paramilitares creando zozobra en sus pobladores.
Asegura la corporación que Alex Pernía, líder indígena y exgobernador de la comunidad indígena de Guagua, perteneciente al resguardo del Río Murindó, fue retenido por un grupo paramilitar el 17 de febrero, en el sitio conocido como Puerto Lleras. Fue torturado por el grupo ilegal.
Agrega Descolpaz que el 18 de febrero se presentaron fuertes combates entre grupos paramilitares y el ELN, lo que causó serios problemas para la movilidad de los habitantes, quienes se encuentran en medio del fuego cruzado en Curvaradó y Jiguamiandó.
“Dos días después, el 20 de febrero, de nuevo se presentaron combates entre el ELN y grupos paramilitares al mando de alias Ángel Pérez García y Tuto, quienes fueran mandos de las milicias bolivarianas del antiguo frente 57 de las Farc, que operaba en la región, estos sujetos recobraron la libertad y se incorporaron a los grupos paramilitares.
Estos hechos son de conocimiento del Batallón N.54 que está ubicado en El Tigre sobre la vía que conduce a Chigorodó. El grupo paramilitar que se desplaza a sus anchas por Urabá y tiene su base de operaciones en Bajirá, actúa bajo la complicidad del Batallón N.54, según lo expresado por los propios paramilitares, quienes en reuniones con las comunidades amenazaron con quedarse”, denuncia Descolpaz en el escrito.
Finalmente, Descolpaz hace un llamado a los organismos defensores de los derechos humanos, a la comunidad internacional, cuerpo diplomático acreditado en Colombia, al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, MAP-OEA, a la Procuraduría, Defensoría del Pueblo y países garantes para que se trasladen a la zona en vista de la crisis humanitaria que viven estas comunidades.