Más de 20 organizaciones sociales de El Salvador denunciaron este lunes que la Asamblea Legislativa intentará aprobar esta semana una ley de «reconciliación nacional» para amnistiar los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la guerra civil (1980-1992).
Señalaron que la referida ley «no es más que una amnistía disfrazada, en otro intento por bloquear la justicia y beneficiar a los responsables» de las violaciones a derechos humanos.
Apuntaron que la iniciativa tiene el respaldo de los partidos de derecha Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Partido de Concertación Nacional (PCN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC).
Según los activistas, el proyecto de ley contiene «disposiciones abiertamente violatorias» a una sentencia de 2016 de los jueces constitucionales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que anularon una amnistía de 1993 y que prohíbe perdonar los crímenes de lesa humanidad.
El artículo más cuestionado es el que permite que las decisiones administrativas de la Fiscalía General de la República (FGR) que nieguen el «acceso a la justicia a las víctimas» dé calidad de «cosa juzgada» a los cargos.
La legislación salvadoreña solo otorga este poder a los fallos judiciales.
El proyecto también estipula la «beneficios carcelarios para evitar el cumplimiento real de las penas», resta valor a los archivos históricos como pruebas y la reparación a las víctimas que establece «no responde a los estándares» dictados por el Supremo en la referida sentencia de 2016.
«Rechazamos la persistencia de los legisladores interesados en proteger victimarios», apuntaron las organizaciones, que también llamaron a los legisladores a no votar por el proyecto, si este pasa al pleno de la Asamblea Legislativa.
Los partidos de derecha han presentado al menos dos proyectos más de ley de «reconciliación nacional», que han presentado los mismos beneficios para los vinculados a crímenes de guerra y la posibilidad de amnistiar de facto estos hechos, según las organizaciones.
Por los crímenes cometidos en la guerra civil solo purgan penas de 30 años el coronel Guillermo Benavides, condenado por la matanza de seis padres jesuitas y dos colaboradoras, y José Dimas Valle, cabo de la extinta Guardia Nacional sentenciado por ejecutar a un funcionario local y a dos asesores estadounidenses.
EFE.
