Dentro de la Fuerzas Militares se estaría llevando a cabo una cacería para encontrar quiénes fueron los que hablaron con la prensa sobre las controvertidas directivas que podrían favorecer la reaparición de ejecuciones extrajudiciales, más conocidas como falsos positivos. De acuerdo con la Revista Semana, el general Eduardo Quirós, responsable del Comando de Apoyo de Contrainteligencia (Cacim), les habría dicho a sus hombres: “El que me traiga quiénes son los que están filtrando la información de lo que está saliendo en la prensa le damos 100 millones de pesos o seis meses de permiso”.
Uno de los uniformados presentes en dicho encuentro le habría revelado a la publicación sobre la búsqueda que se está haciendo dentro de la institución: “Sabíamos que estaban desesperados por saber de dónde está saliendo la información que está apareciendo en los medios, pero quedamos sorprendidos cuando dijo eso en la reunión. ¿De dónde iba a sacar esa plata?, ¿cómo la iba a legalizar?”.
Ya en el mes de mayo, según Semana, se habría llevado a cabo una reunión similar en la sede de la Segunda División de Bucaramanga, también dirigida por el general Quirós. Allí se habría realizado entrevistas y pruebas de polígrafo para dar con aquellos que le contaron al The New York Times sobre las directrices y los compromisos que le hicieron firmar a los oficiales para duplicar los resultados, incluyendo las bajas. Dicha reunión fue negada por el comandante del Ejército, general Nicacio de Jesús Martínez.
La publicación también reveló presuntas irregularidades dentro de la institución frente al manejo de dineros y legalización de gastos, situación que ya habría sido elevada tanto a la Fiscalía General de la Nación como la Procuraduría por algunos militares. Uno de los señalados, de acuerdo con el medio impreso, es el general Adelmo Fajardo, actual segundo comandante del Ejército. Varios de sus hombres de confianza habrían contado al ente acusador cómo el general, cuando estuvo al frente del Comando de Educación y Doctrina del Ejército (Cedoc), les exigía conseguir dinero para “gastos personales y viajes de su familia al exterior”.
“El general me decía: ‘hermano, me voy pa Estados Unidos, necesito 5 millones de pesos’ (….) Uno lo piensa, hp, bueno, y busque y haga papeles para legalizar esa mierda. ‘Hermano, que mi señora se va para Estados Unidos y necesita 1 millón de pesos y asignarle un hp carro por allá, para que ande con los hijos’, en no sé dónde, en Orlando creo que era. Bueno, corra hp a buscar esa mierda”, declaró un oficial, cuyo nombre se mantiene oculto por seguridad, en un testimonio del que Semana tuvo conocimiento.
La denuncia publicada en la edición de este domingo también señala que el hoy segundo comandante del Ejército solicitó dinero para cubrir gastos personales de sus hijos y la compra de tapetes que no estaban dentro del presupuesto. “Mañana deben amanecer estos pisos con tapetes, como 20 millones en tapetes. Qué cambalaches cree que le toca hacer a usted hp, por lado y lado, para cumplir esa orden; cuando no está planeado, no hay presupuesto para esa mierda”, habría dicho el oficial, quien, según la documentación obtenida por la revista, habría colaborado con las solicitudes del general Fajardo por miedo a ser trasladado.
El texto publicado por Semana también salpica al brigadier general Jorge Romero Pinzón, cuando estaba al comando de la Cuarta Brigada del Ejército. Según la revista, la Fiscalía estaría investigándolo por malos manejos de más de $1.000 millones, dineros que estarían destinados originalmente a mantenimiento de vehículos, compra de combustible, y otros menesteres.
“Mi general cuando le expusimos el trabajo él se enojó, que por qué nos metíamos en esa parte. Después nos dimos cuenta de que sacaron 30 millones de pesos que cambiaron en efectivo y se los dieron a él para un viaje que hizo a Brasil con la esposa”, aseguró un oficial que estaba bajo el mando del general Romero en una declaración dentro del expediente al que accedió la revista.
Las investigaciones del ente acusador también harían referencia a un presunto cobro irregular por parte del general Jorge Romero Pinzón para entregar los salvoconductos para porte de armas. Según un testimonio ante la Fiscalía, obtenido por el medio escrito, una mujer dijo que le habían pedido 11 millones de pesos para que le dieran el permiso para portar un arma.
Dentro de su gran especial, Semana reveló por primera vez los formularios firmados en enero por los oficiales en los que se comprometían a duplicar los resultados frente a los obtenidos en el año pasado, incluyendo el número de bajas. En ellos se ve cómo los comandantes de divisiones, brigadas y fuerzas de tarea fueron obligados a comprometerse con una cifra exacta para el siguiente año.
De acuerdo con un general que habló con dicho medio, “una frase resume lo que les estaban pidiendo al calcular con exactitud cuántas bajas del enemigo va a producir durante el año: falsos positivos. La única forma en que yo le puedo garantizar a mis comandantes que voy a tener 50, 100 o 200 muertos en combate es acudiendo a las prácticas que se impusieron hace 12 años durante la época de mi general Mario Montoya”.
Tomado de El Espectador
