Bogotá, 27 mar – La ONG colombiana Temblores denunció en un informe publicado este lunes que existen «múltiples prácticas arraigadas al interior de la Fiscalía» que favorecen que haya impunidad en los crímenes presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública durante las protestas.
En el informe «El Estado de la impunidad», esta ONG hace un «diagnóstico sobre el estado procesal de las investigaciones y las prácticas institucionalizadas dentro del sistema de administración de justicia que perpetúan la impunidad ante los crímenes cometidos presuntamente por los agentes de la fuerza pública en casos de violencia física, homicida y sexual denunciados entre el 2015 y el 2020».
Además, enviaron una carta firmada por el codirector de esta ONG Sebastián Lanz al fiscal general, Francisco Barbosa, donde dan cuenta de estos hallazgos y le solicitan «de manera urgente que cumpla a cabalidad con su responsabilidad constitucional de investigar y acusar a quienes cometan delitos contra la vida y la integridad».
CASI 1.000 CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL
En este informe, por ejemplo, recuerdan que se registraron 948 hechos de violencia sexual cometidos presuntamente por miembros de la fuerza pública entre 2015 y 2020, de los que solo hay 47 sentencias condenatorias.
Lo mismo sucede con los 974 homicidios, según esta ONG, de los que hay 90 sentencias condenatorias, y con los 7.383 casos de violencia física, de los que solo se obtuvieron 93 sentencias.
«Si sumamos todos los casos de violencia policial, hay un total 5837 procesos activos y 2804 denuncias ya archivadas», dijo esta ONG, que cuenta con una plataforma para denunciar violencia y abusos por parte de la Policía.
Además, denunciaron una falta de concordancia entre las cifras de la Fiscalía y Medicina Legal «en relación a la violencia homicida», por lo que estas cifras «nos hablan de un Estado de la impunidad».
EL ESTADO DE LA IMPUNIDAD
El informe está dividido en cinco capítulos donde se analizaron datos de carácter cuantitativos y cualitativos de varias entidades como la Fiscalía, Medicina Legal, la Corte Constitucional, de la Justicia Penal Militar, el Consejo Superior de la Judicatura y testimonios de varias víctimas, aseguró la ONG.
En ellos, se recopilan datos de varias instancias o se detallan los casos de violencia física cometidos por la autoridad desde 2015 hasta 2020, y se concluye que «respeto por la ley y la autoridad» es la frase más utilizada por la fuerza pública para excusarse por las violaciones a la ciudadanía.
También se detallan las «actuaciones desproporcionadas e ilegítimas de la fuerza pública» que pueden llegar hasta la muerte, en esa parte del informe tuvieron el testimonio de Cindy Tatiana, pareja de Angie Paola Baquero, quien fue asesinada por agentes de la Policía en Bogotá el 9 de septiembre.
«Psicológicamente uno queda mal, lo digo porque yo he tenido que tener ayuda psicológica, no porque esté loca, sino porque siento que definitivamente ellos me vulneraron como persona y que yo tengo que volver a ser la misma, verlos y no sentir nada por ellos, están ahí pero no son tan importantes para mi”, comentó Cindy en el informe después de preguntarle por su confianza hacia la Policía Nacional.
Cindy Tatiana expresó que la expectativa que tiene «del proceso es que se culmine y se pueda dar un veredicto final», que se demuestre «que realmente fue la Policía, la institución, la que salió a violar los derechos humanos de esas personas».
En el cuarto capitulo narra la violencia sexual cometida por la fuerza pública que igualmente analiza los datos recopilados de entidades públicas y agregan dos testimonios que reafirman la «impunidad que tiene el Estado». El testimonio de Carolina «demuestra que las fisuras del aparato legal».
Asimismo, el último capitulo analiza la impunidad que prevalece en los casos de violencia policial que «se presenta desde el estudio comparativo de las tres violencias de las que versa este informe: violencia sexual, violencia física y violencia homicida», explicó Temblores.(EFE).
