La muerte violenta de Dimar Torres Arévalo, el excombatiente de las Farc quien fue asesinado el lunes 22 de abril por un militar, dejó al descubierto una estela de anomalías en el comportamiento de algunos miembros adscritos a las tropas del Ejército Nacional, que está generando un ambiente de preocupación en la región del Catatumbo.
La organización defensora de derechos humanos, la Fundación Progresar, ha documentado en lo corrido de este año siete hechos, considerados como abusos de autoridad, que habrían sido cometidos por soldados de la Fuerza de Tarea Vulcano, la Fuerza de Despliegue Rápido N. 3 (Fudra) y la Trigésima Brigada, cuyas operaciones se desarrollan en el departamento de Norte de Santander.
Cuatro de estos casos, denunciados por las comunidades rurales, han sido presuntamente cometidos por los efectivos de la Fudra, un contingente integrado por 2.500 hombres que el presidente Iván Duque desplegó el 28 de octubre de 2018 tras un consejo de seguridad desarrollado en el municipio de Ocaña (Norte de Santander).
Estos hechos se habrían presentado en la jurisdicción de los municipios de El Tarra, San Calixto y Convención, y fueron atendidos por la Asociación de Personeros del Catatumbo, la Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat) y la Mesa Municipal de Víctima de Convención.
“Lo que hemos dicho es que este terrible asesinato es la punta del iceberg de una serie de situaciones irregulares, presentadas en varias municipios del Catatumbo, con responsabilidad de la Fudra. Nosotros tenemos conocimiento de dos quejas semanales que hace la población campesina sobre maltratos, agresiones, amenazas, e incluso, montajes”, precisó Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar.
Este defensor de derechos humanos asevera que los uniformados, con capuchas en sus rostros, accionan sus armas al aire, cerca de los centros poblados, así mismo toman datos de dirigentes comunales y de ciudadanos que se movilizan en sus motocicletas.
“Esto prende las alarmas, genera miedo y se está cometiendo una equivocación, si lo que se quiere es recuperar la confianza de la población”, advirtió.
Frente a estas denuncias, el general Mauricio Moreno, comandante de la Segunda División, defendió a la Fudra por su rendimiento operacional en el territorio y dijo que estaba abierto al diálogo para conocer estas anomalías.
“Es lógico que en todo este despliegue operacional hayan personas afectadas, o que se sientan invadidas. Eso lo entendemos. Recordemos que alias ‘Megateo’ tenía constreñida a mucha población, y por eso venimos generando un nuevo concepto de seguridad y control. Y en este control hay incomodad, por eso hemos tratado de escuchar. Pienso que es una necesidad nuestra escuchar el clamor de la gente frente a nuestras acciones”, precisó este alto oficial.
Moreno destacó que a través de esta tropa se han desactivado cerca de 91 campos minados; se ha atacado el narcotráfico con la incautación de cerca de cuatro toneladas de insumos para fabricar estupefacientes; y se han evitado nuevos casos de secuestros, que cometen grupos al margen de la ley.
Entretanto, la secretaria de Gobierno de Norte de Santander, Judith Ortega, aseveró que en una mesa de diálogo acerca de derechos humanos con campesinos del Catatumbo, se abordó por igual el tema y la entidad también manifestó su preocupación por estos hechos.
“El gobernador William Villamizar trató estos temas la semana pasada con las comunidades y ellos alertaron sobre estas situaciones; por lo que nosotros estamos preocupados y mucho más después de la muerte de Dimar”, indicó la funcionaria.
De hecho, para el próximo jueves se tiene previsto realizar un consejo de seguridad en el municipio de Convención, con participación de delegados del Ejército Nacional, para tratar estas denuncias y el estado de las indagaciones por la muerte de este excombatiente de la guerrilla desmovilizada de las Farc.
Tomado de El Tiempo