La Fiscalía imputó cargos por concierto para delinquir y actividad monopolística ilícita
Guaduas, Cundinamarca. 04 de Julio de 2025. –Tres personas fueron enviadas a prisión por su presunta participación en una red delictiva dedicada a la venta ilegal de chance y rifas en este municipio, actividad que habría generado ganancias ilícitas superiores a los 600 millones de pesos al año.
Según el medio de la FGN. La Fiscalía General de la Nación judicializó a Sandra Milena Rico Sabogal, Sandra Judith Pérez y Urbano Fetecua Ayala, presuntos miembros del grupo delincuencial conocido como ‘Los Monopoly’. Estas personas, al parecer, distribuían y recaudaban el dinero proveniente de la venta ilegal de juegos de azar, apoyándose en vendedores —en su mayoría adultos mayores— para ejecutar esta actividad en espacios públicos.
Una fiscal especializada de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Cundinamarca les imputó los delitos de concierto para delinquir y ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico. Ninguno aceptó los cargos durante las audiencias concentradas.
Durante los allanamientos realizados por la Policía Nacional se incautaron 5.227 bonos, 1.700 boletas para rifas, 162 hojas de chance en blanco y dinero en efectivo. Estas actividades afectaban directamente las rentas del departamento y el sistema de salud, al vulnerar los mecanismos legales de financiación.
Por orden de un juez de control de garantías, los tres imputados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
La Fiscalía reiteró su compromiso con la protección de los recursos públicos y el combate a estructuras ilegales que afectan la economía y los derechos ciudadanos.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.