La aeronave llegó desarmada a Colombia procedente de Estados Unidos. Fue hallada en una finca en zona rural de Chía (Cundinamarca).
Cundinamarca, Colombia, 12 de mayo de 2025. – Una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), la Aeronáutica Civil y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) permitió localizar y desmantelar una avioneta tipo Piper PA-28 que estaba siendo ensamblada en zona rural de Chía, Cundinamarca, con fines de narcotráfico internacional.
La aeronave, aún desarmada, fue hallada en el garaje de una finca tras labores de inteligencia e investigación adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Según la Fiscalía, las partes de la avioneta llegaron desde Miami (Estados Unidos) al puerto marítimo de Barranquilla (Atlántico), fueron trasladadas al aeropuerto de Guaymaral en Bogotá, y finalmente movilizadas de forma encubierta al inmueble de Chía.
El plan delictivo consistía en acondicionar la aeronave para incrementar su autonomía de vuelo y capacidad de carga, con la intención de enviarla posteriormente a Venezuela. Desde allí, la avioneta sería cargada con clorhidrato de cocaína para su salida hacia República Dominicana y finalmente a Estados Unidos.
En el procedimiento de registro y allanamiento, las autoridades incautaron todas las piezas de la avioneta. Una fiscal de la Seccional Cundinamarca presentó ante un juez de control de garantías la solicitud de legalización, la cual fue aceptada.
La investigación continúa para establecer la identidad y responsabilidad de las personas implicadas en esta red criminal transnacional.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.