Desigualdad en Honduras sigue generando violencia, según experta

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La desigualdad en Honduras sigue generando altos índices de violencia, dijo este miércoles a Efe en Tegucigalpa Marcia Aguiluz, experta internacional en temas de derechos humanos.
“Seguimos con un país tremendamente desigual y esa desigualdad pues claramente está generando índices de violencia importantes”, enfatizó Aguiluz, participante en el Foro de la Mesa de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias contra Honduras.

Agregó que la desigualdad en Honduras afecta a las poblaciones históricamente excluidas, como las indígenas, afrodescendientes, a las mujeres y a los niños.

“Hay problemas que se vienen arrastrando y que lamentablemente no parecen ser superados todavía”, enfatizó Aguiluz, de nacionalidad costarricense.

SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS ES COMPLEJA

Aguiluz indicó que este foro es básicamente para “dialogar y recordar algunas de las decisiones que ha tomado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) respecto de Honduras que, lamentablemente, no están cumplidas”.

“Vamos a estar reflexionando porque varias de las sentencias que han sido dictadas, por ejemplo en los casos de los ambientalistas Jeannette Kawas, Carlos Luna Y Carlos Escaleras -asesinados entre 1995 y 1997-, son sentencias que tienen que ver con la violencia que vive este país contra personas defensores de derechos humanos”, agregó.

La CorteIDH ya ha dictado una serie de medidas, por ejemplo que el Estado está obligado a crear una política pública para proteger a personas defensoras de derechos humanos, que no se ha cumplido, lo que Aguiluz calificó como “lamentable”.

“Entonces, el espacio tiene ese objetivo, tenemos que recordar que ya hay decisiones, en las que Honduras ha sido condenado por la Corte Interamericana y cuál es la obligación del Estado para cumplir con esas decisiones”, señaló.

En su opinión, la situación de los derechos humanos en Honduras “es compleja, aunque no es algo nuevo, sino que se viene arrastrando desde hace muchos años”.

FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA

El país centroamericano ha sido condenado en 13 ocasiones por la CorteIDH, sin que el Estado haya dado estricto cumplimiento a los fallos.

Aguiluz considera que el incumplimiento del Estado tiene que ver con la falta de voluntad política.

Se debe “crear una política pública, sobre todo tiene que partir de una voluntad política y eso no lo hemos observado todavía. Hay un mecanismo que definitivamente digamos que es un avance, pero el mecanismo no está siendo suficiente para proteger a las personas defensoras de derechos humanos”, recalcó.

La experta considera que lo fundamental es que se reconozca que los defensores de derechos humanos aportan al fortalecimiento de la democracia y a que todas las personas tengan derechos humanos.

HONDURAS TIENE UNA DEUDA JURÍDICA

El director de la organización humanitaria Casa Alianza, José Guadalupe Ruelas, indicó a Efe que de las 13 condenas que la Corte Interamericana le ha dictado al Estado de Honduras, “solo ha hecho acciones tangibles en dos”.

Honduras “siempre tiene una deuda digamos jurídica en el sentido de reparación a las víctimas y garantizar la no repetición de los hechos”, agregó.

“Hoy queremos hacer conciencia y seguir poniendo el dedo en el renglón para que el Estado de Honduras se comprometa en el cumplimiento de estas sentencias”, enfatizó Ruelas, quien coincidió con Marcia Aguiluz en que el Estado “no ha tenido voluntad política” para acatar los fallos, “y menos de respetar los derechos humanos”.

Señaló además que darle cumplimiento a las sentencias implicaría que el Estado tendría que reconocer su responsabilidad de manera explícita y también comprometerse a tener un cambio de conducta en el sentido de respetar los derechos humanos de las mujeres y de los hombres en Honduras.

“Honduras es un país que está sumido en una profunda crisis de derechos humanos y de legitimidad institucional, entonces mantiene a la población entera en un alto nivel de incertidumbre. Hay un gran descontento en el país, la opinión pública es muy desfavorable sobre cómo se manejan los asuntos públicos, pero también hay un gran crecimiento del mecanismo represivo del Estado”, acotó.

AMENAZAS A DEFENSORES

Felipe Gámez, en representación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares de Indígenas de Honduras (Copinh), denunció en el foro que en el occidente del país sigue la persecución y amenazas de muerte contra defensores de derechos humanos que se oponen a proyectos extractivos mineros e hidroeléctricos que causan daño al medioambiente.

Las amenazas, añadió, vienen de los mismos sectores que denunció la ambientalista Berta Cáceres, quien era coordinadora general del Copinh, asesinada el 2 de marzo de 2016.

En el foro se abordaron, entre otros temas, la situación actual de los defensores de derechos humanos, estándares interamericanos en la protección de derechos humanos y obligaciones del Estado frente a las violaciones de las garantías de los ciudadanos hondureños.

EFE.

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