NORTE DE SANTANDER, COLOMBIA. (2 FEB 2025) – En un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, fue descubierto un centro clandestino de sacrificio de pollos en el barrio La Nidia de Cúcuta. En el lugar se sacrificaban entre 800 y 900 aves diariamente, sin los permisos sanitarios correspondientes y en precarias condiciones de salubridad.
Detalles del hallazgo
Durante la diligencia de registro y allanamiento, las autoridades encontraron 800 pollos vivos, 500 kilogramos de carne, máquinas desplumadoras y otros elementos utilizados para la actividad ilegal. Las aves eran mantenidas en espacios inadecuados y procesadas sin cumplir con las normas sanitarias establecidas.
Además, se determinó que el negocio generaba ganancias ilícitas que superaban los 800 millones de pesos, afectando la salud pública y la cadena formal de producción avícola.
Capturas y judicialización
En el procedimiento fueron capturados Sebastián Andrés I. J., Martín Francisco C. G. y Bernardo Antonio I. T., quienes serían los responsables del funcionamiento del matadero ilegal.
Una fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) les imputó el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, cargos que los procesados no aceptaron.
Compromiso con la salubridad y el bienestar animal
Las autoridades reiteraron su compromiso con el control de la seguridad alimentaria y el bienestar animal, invitando a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el sacrificio ilegal de animales a través de las líneas de emergencia.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.