Maquinaria incautada y su impacto en las finanzas criminales
ANTIOQUIA, COLOMBIA. (27 MAY 2025) – En el marco de la estrategia “Actuando por Antioquia”, la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental lideró un contundente operativo el pasado 25 de mayo en Segovia, Antioquia, contra la extracción, procesamiento y comercialización ilícita de metales.
Durante la intervención, las autoridades lograron desmantelar dos unidades productoras mineras ilegales, incautando diecinueve motores, dieciocho motobombas y trescientos cinco gramos de mercurio. Según los reportes oficiales, estos elementos están avaluados en aproximadamente 176 millones de pesos colombianos y representaban un importante respaldo financiero para la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, un grupo delincuencial que opera en la subregión del nordeste antioqueño.
El operativo forma parte de las acciones estructurales que buscan debilitar las finanzas de organizaciones criminales dedicadas a actividades extractivas ilegales, que además de vulnerar el orden jurídico, generan graves afectaciones ambientales. La totalidad del material incautado fue puesto a disposición de la autoridad competente para los trámites legales correspondientes.
Las autoridades locales resaltaron que estos resultados operacionales son parte del esfuerzo coordinado entre diferentes unidades policiales y ambientales para enfrentar los delitos ambientales y mineros en la región. La Policía reiteró su compromiso con la protección del medioambiente y la lucha contra las economías ilícitas que financian estructuras delincuenciales.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.