Antioquia, Colombia, 27 octubre de 2024.- Una red de comercialización de oro ilegal, que generó ingresos de más de 88.000 millones de pesos a través de exportaciones hacia Emiratos Árabes y Estados Unidos, fue desmantelada por la Fiscalía General de la Nación en coordinación con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional. Ocho personas fueron capturadas y judicializadas en el marco de esta investigación, incluyendo a los presuntos cabecillas de la operación, quienes habrían dirigido la extracción y comercialización del oro ilegal en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Bolívar.
Según las investigaciones, la red criminal realizaba actividades de extracción minera a cielo abierto, con uso de maquinaria pesada y productos químicos sin registro, lo que generó graves daños ambientales. Posteriormente, el oro era formalizado mediante maniobras fraudulentas que lo hacían pasar como si hubiera sido extraído por mineros de subsistencia, conocidos como barequeros. La comercializadora utilizaba instalaciones en Medellín y Santa Rosa (Bolívar) para procesar el mineral y luego exportarlo al extranjero.
Detenidos y cargos
Entre los capturados, que son sindicados de liderar la operación, se encuentran Edgar Harvey Vergara Díaz, Hoffman Leandro Vergara Díaz y Janeth Cecilia Díaz Correa, señalados como los principales determinadores de la red. A ellos se suman colaboradores clave: Yerson James Zúñiga Mejía, Liseth Carolina James Rueda, Rosa Katerine Monsalve Cano, Diana María Ríos Zapata y Leidy Johana Patiño Muñoz, quienes cumplían roles de contadores, administradores y revisores fiscales en la organización.
La Fiscalía imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir con fines de lavado de activos, explotación ilícita de yacimientos mineros y fraude procesal. Se investiga un incremento patrimonial injustificado, ya que los ingresos reportados por la comercializadora no corresponden con las cantidades de oro enviadas al extranjero, según el informe del ente acusador.
Daños ambientales y exportación fraudulenta
Los elementos de prueba indican que las actividades de extracción en yacimientos a cielo abierto afectaron gravemente los recursos naturales en la zona. Las operaciones ilegales no solo provocaron degradación ambiental por el uso de químicos tóxicos, sino que también incurrieron en explotación laboral en áreas rurales donde predominan los ingresos de comunidades campesinas e indígenas.
Una vez recolectado, el oro se canalizaba a través de la comercializadora, que simulaba la procedencia legal del mineral mediante documentos falsos que atribuían su origen a minería de subsistencia. De esta manera, el oro era procesado y exportado a países como Estados Unidos y Emiratos Árabes, desde donde ingresaban ingresos millonarios que superaban los $88.000 millones, aunque las cantidades exportadas no coinciden con las reportadas, según los hallazgos fiscales.
Colaboración entre autoridades y próximos pasos
El operativo fue posible gracias a un esfuerzo coordinado entre la Fiscalía y la Policía Nacional, quienes rastrearon la ruta del oro y detectaron las prácticas ilegales de los implicados. Actualmente, se están realizando nuevas investigaciones para determinar si existen más involucrados en esta red de comercialización ilegal de oro, así como para esclarecer el impacto completo de las operaciones en los ecosistemas locales.
Las autoridades aseguran que continuarán con las labores de inteligencia para desmantelar redes similares que operan en el territorio nacional y garantizar que los responsables sean judicializados, en lo que representa un importante esfuerzo para proteger el medio ambiente y los recursos naturales del país.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.