Desminado es una garantía de no repetición para las víctimas y favorece su reparación

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La declaración de otros 37 municipios desminados por parte del Gobierno Nacional, con los que se llega a las 188 localidades libres del riesgo de minas antipersonal en Colombia, es una garantía de no repetición que evita más víctimas y permite avanzar con la reparación con el retorno de desplazados y la restitución de tierras.

Así lo aseguró Jorge Mario Alzate Maldonado, director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en Antioquia, departamento que suma hoy a los municipios de Granada y Puerto Triunfo a los territorios sin presencia de estos artefactos explosivos usados por los grupos armados ilegales durante el conflicto armado. “Es una garantía de no repetición porque el desminado humanitario garantiza que no se incremente la cifra lamentable de 11.542 víctimas de este flagelo que ya dejó el conflicto armado”.

Tal como ha ocurrido con otros hechos victimizantes que se han reducido gracias a mayores condiciones de seguridad en los territorios y el Acuerdo de Paz con la desmovilizada guerrilla de las Farc, también hay una reducción de las víctimas de minas antipersonal en Colombia.

Según la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal del Gobierno, en el año 2017 se registraron 56 víctimas (16 militares y 40 civiles). En el 2016 fueron 89 víctimas, una reducción del 62 por ciento frente a 2015, y 93 por ciento menos en comparación con el 2006, año en el cual se tiene el registro con el mayor número de víctimas en Colombia: 1.232.

La disminución de las víctimas ha permitido que Colombia pase del segundo lugar en el 2015 al décimo en 2016, en el ranking de países con el mayor número de víctimas por minas antipersonal en el mundo, según Landmine Monitor.

El director de la Unidad para la Reparación a las Víctimas en Antioquia resalta que, en la medida en que “avance el desminado en el país, aumentarán las condiciones de seguridad para que las familias desplazadas por la violencia puedan retornar a sus territorios y recuperar la productividad agropecuaria”.

En consecuencia, eliminar el peligro de estos artefactos explosivos favorece la restitución de tierras a la población desplazada en zonas que fueron minadas por los grupos armados ilegales.

“La labor de la Unidad para la Reparación a las Víctimas nos permite avanzar con los planes de retorno en los municipios libres de estos artefactos explosivos, ya que el concepto de seguridad es uno de los requisitos legales para formular estos planes, con los que se apoya a la población a que retorne con acompañamiento institucional y garantías”, explicó Alzate Maldonado.

Tras una compleja labor de ocho años de erradicación manual por parte de los batallones de desminado humanitario del Ejército Nacional, los granadinos celebran librarse de un flagelo que llegó con el conflicto armado.

Para Gloria Ramírez, presidente de la Asociación de Víctimas de Granada, la declaración de Granada como libres de sospecha de minas antipersonal significa “poder volver al territorio, necesitamos recuperar nuestras tierras y la seguridad, a mí me alegra terminar con este proceso tan complejo y arduo de muchos años. Es una oportunidad del proceso de paz que se debe aprovechar para salir adelante”.

La líder recordó que, de las 52 veredas de este municipio antioqueño, 35 resultaron afectadas por las minas antipersonal y munición sin explotar. Los accidentes causaron 90 víctimas.

Reparación a víctimas de minas

Muchos de los sobrevivientes de las minas en Granada ahora se rehabilitan con atención física y psicosocial y se capacitan en diferentes oficios en el Centro de Inclusión Social llamado Senderos de Esperanza, que funciona desde el año pasado como parte del convenio entre la Unidad para la Reparación a las Víctimas, la Alcaldía de Granada y la agencia de cooperación internacional de Japón (JICA).

Como parte de ese mismo convenio, en Granada también se implementó un proyecto piloto a favor de las víctimas: la Escuela de Liderazgo del Proyecto para la inclusión social de víctimas del conflicto con discapacidad.

En marzo pasado, 50 personas en Medellín y Bucaramanga, entre ellos víctimas de minas antipersonal, se certificaron como líderes de inclusión a favor de esta población. Como multiplicadores de este proyecto realizaron capacitaciones en Granada sobre los derechos contenidos en la Ley de Discapacidad, Ley de Víctimas, habilidades sociales, oferta de educación, salud, atención apoyo sicosocial, empleabilidad y liderazgo.

El de abril, se cumplió otro año de la conmemoración del Día Internacional de Sensibilización sobre el Peligro de las Minas y de Asistencia para la Acción contra Minas, la Unidad para Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) continúa su misión de reparación a las víctimas de las minas antipersonal.

Un total de 11.382 personas afectadas por Minas Antipersonal (MAP), Munición Sin Explotar (MUSE) y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) están incluidas en el Registro Único de Víctimas.

La entidad también ha realizado otras acciones a favor de las víctimas de minas: 9.869 de ellas, junto con sus familias, han recibido atención humanitaria y 527 han recibido indemnización económica como parte de su reparación integral.

Este año, la Unidad para las Víctimas continúa desarrollando la estrategia de recuperación emocional grupal llamada Dignidad y Memoria (DIME), que busca visibilizar la resiliencia de las víctimas del conflicto armado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Este año, se desarrollará también con víctimas civiles de minas.

Desde este año tiene mayor participación e incidencia en las políticas públicas e interlocución con las instancias del Estado gracias a que todas las Mesas de Participación de Víctimas en el país (1.021 mesas municipales, 1 distrital, 32 departamentales y 1 nacional) cuentan por primera vez con dos miembros víctimas de minas antipersonal.

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