Luego de casi cuatro años de la firma del Acuerdo Final de Paz, los responsables de las tres entidades del Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición en Colombia participaron en el primer panel de la Conferencia Internacional “Respuestas emergentes a atrocidades contemporáneas”, que comenzó hoy, organizada por la JEP con el apoyo del gobierno de Suiza.
La magistrada Patricia Linares Prieto, presidenta de la JEP; Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD); y el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de Verdad (CEV), dieron a conocer los principales logros alcanzados, las formas de trabajo conjuntas y los aprendizajes que siguen para contribuir a la construcción de paz y la reparación integral de las víctimas del conflicto armado en Colombia.
El proceso de Justicia Transicional, tal y como está siendo puesto en marcha en Colombia, es un mecanismo único en el mundo, que pone como eje central a las víctimas y sobrevivientes del conflicto. Su participación es primordial para lograr articular esfuerzos de las tres entidades del Sistema.
La presidenta de la JEP, la magistrada Patricia Linares, recordó que más de 12.600 personas están sometidas a la Jurisdicción, la cual ha abierto 7 macrocasos. Estos casos agrupan individual y colectivamente a más de 308 mil víctimas acreditadas, que participan con información y en las versiones voluntarias sobre hechos victimizantes que no han podido ser resueltos por la justicia ordinaria. Muchas víctimas acreditadas en la JEP reciben apoyo jurídico, psicológico y psicosocial durante todas las etapas del proceso.
Por su parte, Luz Marina Monzón, directora de la UBPD, resaltó la conformación de un mecanismo que permite buscar a las cerca de 120.000 personas desaparecidas en todo el territorio desde una perspectiva extrajudicial y humanitaria, a través de 23 equipos de trabajo. “Cualquier modelo de justicia transicional es un reto- afirmó – por esto, las estrategias de búsqueda masiva son hechas con las organizaciones y víctimas de los territorios”.
La articulación entre las tres instituciones es clave: la información recopilada por la Jurisdicción Especial para la Paz ayuda a encontrar patrones de desaparición y junto a la Comisión de la Verdad se han hecho reconocimientos, por ejemplo, a las mujeres que buscan a sus familiares.
El presidente de la Comisión de la Verdad, padre Francisco de Roux, señaló que 27 Casas de la Verdad no paran de trabajar recopilando testimonios de víctimas, que contribuyen desde un ejercicio extrajudicial a reconocer los contextos y hechos de violencia estructural que se entrecruzan con patrones de violencia política como el narcotráfico, el racismo, el asesinato de líderes y excombatientes, entre otros. Esta información estará consignada en contenidos transmedia que podrán ser utilizados por las entidades y ciudadanos que lo requieran.
El trabajo no estaría completo sin el acompañamiento que la comunidad internacional ha hecho desde las negociaciones hasta la firma y consolidación del Acuerdo de Paz.
El excanciller peruano Diego García-Sayán, relator especial de las Naciones Unidas, señaló que “este no es un camino simple: pesa la historia, pesa el pasado y las distintas aproximaciones políticas. Se repiten grandes preguntas que se repiten en otros países, pero esa experiencia permite la acumulación del andamiaje para la construcción de la institucionalidad”.
García-Sayán resaltó el Acuerdo Final de Paz, al término de una larga negociación, porque pone en el centro a las víctimas y establece un mecanismo de reconocimiento, justicia y verdad. También mencionó al Comité de Escogencia de los magistrados de la JEP los miembros de la Comisión de la Verdad y la directora de la UBPD, del que él hizo parte y en el que también participaron activamente aliados internacionales.
Finalmente, Mô Bleeker, enviada especial de Suiza para el tratamiento del pasado y prevención de atrocidades, aseguró que la prevención de los conflictos armados es uno de los mecanismos para reconocer las vulnerabilidades y para trabajar más allá de la justicia transicional.
