Un pantalón, un camibuso y el dispositivo taser con el que los policías aplicaron descargas eléctricas sobre el cuerpo del abogado Javier Ordóñez, en la madrugada del pasado 9 de septiembre: esos fueron los elementos “materia de prueba” que, el mismo 9 de septiembre, llegaron a Medicina Legal junto con el cadáver de Ordóñez, padre de dos hijos, quien fue detenido por policías en el barrio Santa Cecilia por estar tomando en la calle y terminó muerto de manera violenta. A juzgar por la necropsia que practicó Medicina Legal, de manera muy violenta.
El documento, conocido por El Espectador, le entregó a la Fiscalía datos esenciales para imputarles a los patrulleros Juan Camilo Lloreda y Harby Damián Rodríguez no solo el delito de homicidio agravado, sino, además, el de tortura. La información consignada en la necropsia da cuenta de que Ordóñez, al parecer, llegó a la Clínica Santa María del Lago el mismo día en que lo detuvieron los policías “sin signos vitales y con signos de trauma contundente”, lo que resulta relevante para esclarecer un interrogante esencial en esta historia: en qué momento murió Ordóñez.
Amigos suyos, que llegaron hasta el CAI por él e incluso grabaron en video las imágenes en que se ve a los policías Lloreda y Rodríguez aplicando las descargas del taser una y otra vez -a pesar de que él pedía que pararan porque ya no podía respirar-, han denunciado públicamente que Ordóñez fue objeto de una golpiza monumental dentro del CAI de Villa Luz, en el occidente de Bogotá. En las protestas que ocasionó su muerte, ese fue el primer CAI que los manifestantes del 9 de septimere de 2020 destruyeron.
Las imágenes que alcanzaron a consignarse de lo que ocurrió con Ordóñez en ese CAI son, dicen fuentes de la Fiscalía, pruebas contundentes del abuso policial del que fue objeto Ordóñez el día en que murió. Por eso el ente investigador, que hoy se aprestaba a imputarles cargos a los uniformados, terminó pidiendo que la audiencia fuera a puerta cerrada: porque la investigación puede implicar a más gente de la que está hasta ahora procesada. La Procuraduría y las víctimas apoyaron la solicitud, por lo que a la jueza de Garantías que le correspondió esta parte de proceso no le quedó de otra que hacerla a puerta cerrada.
En esa audiencia, el documento de Medicina Legal jugará un papel esencial para apoyar la tesis de la Fiscalía. En los principales hallazgos de la necropsia se resalta que hubo un “trauma cerrado, contudente de abdomen, de alta energía» y “huellas externas de trauma en flanco abdominal izquierdo” y en la “región lumbar izquierda”, conclusiones que van en línea con la versión de los amigos de Ordóñez sobre la golpiza que este habría sufrido dentro del CAI de Villa Luz de manos de miembros de la Policía.
Uno de los datos que ha sido más difícil de digerir para la familia Ordóñez en su periodo de luto aparece así: “Estallido del riñón derecho”. Ocurrió, también explica la necropsia, por una hemorragia que se formó en los tejidos blandos que rodeaban el riñón comprometido. En la cavidad abdominal hubo “acumulación masiva de sangre” y había “lesiones patrón producidas por elemento punzante por arma de conducción eléctrica”. Es decir, por el taser, que dejó lesiones en el hemiabdomen inferior.
El cuerpo de Ordóñez delataba también “signos de inmovilización”, como “equimosis en las muñecas”; además de traumas menores en manos, nudillos, codos, rodillas, cara y piernas. Había una lesión “de tipo contundente” en el lado derecho del tórax y restos de esquirlas en la pierna derecha, que, explica Medicina Legal en su dictamen, provenían de un proyectil de arma de fuego. Un dato que podría complicar aún más la suerte judicial de los policías, pues Ordóñez estuvo todo el tiempo inmovilizado y bajo su tutela.
El instituto explica que las lesiones con el arma de descarga eléctrica no produjeron la muerte de Ordóñez, pero sí “intenso dolor y sufrimiento”. La lesión por arma de fuego en la pierna, dice el documento, tampoco explica su muerte. La prueba de toxicología confirmó el estado de alicoramiento de Ordóñez la noche en que murió: esa fue la razón por la que los policías lo detuvieron. De ahí en adelante, lo que se configuró no fue un procedimiento policial ordinario, sino una tragedia que hoy llora todo un país.
“Unos policías mataron a un ciudadano colombiano, deshonraron el uniforme, violentaron las normas de comportamiento ético, desconocieron todo el esfuerzo de formación de la institución”, dijo el martes pasado, ante el Congreso, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Una admisión difícil de hacer para un gobierno, aunque voces críticas han reclamado a gritos que esta situación, una vez más, pone de presente la urgencia de que se haga una reforma de fondo en la Policía, pues estos casos, aseguran, no pueden seguirse presentando.
Tomado de El Espectador
