Bajo un estricto escrutinio acaban de entrar 167 hojas de vida de uniformados de la Policía –incluso de algunos retirados–, que hasta hace poco eran consideradas los pilotos más avezados en operaciones antinarcóticos, de inteligencia, de persecución de bandas criminales y hasta de erradicación de cultivos ilícitos.
Según sus récords, tenían la experticia suficiente para pilotear desde helicópteros Black Hawk y Bell Huey 500 hasta aviones Beechcraft K350 y DC3TP, pasando por Cessnas y Twin Otter.
Incluso, habían logrado acumular primas en sus sueldos por las horas de vuelo que acumulaban al servicio de la institución y de la patria.
Por eso, la sorpresa fue mayúscula cuando la Inspección de la Policía empezó a revisar el historial de estos pilotos por sospecha de trampas en las horas de vuelo que reportaron, cuyo costo podría superar fácilmente los 100.000 millones de pesos.
Las primeras sospechas del escándalo las reveló EL TIEMPO en diciembre pasado, cuando estalló un duro enfrentamiento en las entrañas de la cúpula de la Policía entre su director, el general Óscar Atehortúa, y el inspector de la institución, general William Salamanca, los dos oficiales más antiguos.
Los primeros hallazgos
Aunque el propio presidente Iván Duque llamó al orden a la cúpula y devolvió a su cargo a Salamanca –enviado a vacaciones forzadas de 411 días–, las investigaciones siguieron su curso tanto dentro de la institución como en la Procuraduría General.
Tal como lo anticipó este diario, a mitad de semana Fernando Carrillo, procurador general, llamó a juicio disciplinario a Atehortúa, por su presunta responsabilidad en las irregularidades de un contrato para la construcción de 111 casas fiscales Cenop en San Luis, Tolima.
El caso lo venía siguiendo Salamanca y fue el detonante del choque entre los dos generales, por el que hasta tuvo que intervenir el presidente Iván Duque.
Y el escándalo por el cobro de falsas horas de vuelo también podría terminar salpicando a oficiales de alto rango. Tras realizar auditorías internas se encontraron inconsistencias en 25.000 horas de vuelo.
El diario El Tiempo tuvo acceso a apartes del expediente, y en ellos consta que hay oficiales que cobraron por horas de vuelo incluso antes de ser certificados como pilotos.
En otros casos registraron hasta 2.400 horas de vuelo en un solo día, y otros burlaron los controles internos y volaban con licencias privadas, tras haber sido rechazados en los cursos de la institución.
Entre los 167 casos bajo escrutinio –por inflar y falsear reportes– hay 61 oficiales que lograron mejorar sus ingresos de primas, prestaciones y pensiones de forma irregular.
Los hallazgos se dieron luego de luego de realizar una trazabilidad a reportes y pagos registrados en el Sistema de Horas de Vuelo (Sihov), el Sistema de Monitoreo de Aviación Policial (Simap) y el Sistema de Información de Liquidación Salarial Integral (LSI).
El oficio
Reporteros de este diario tienen en su poder los nombres de los investigados y sus rangos, pero no los publica para no afectar las investigaciones y respetar el debido proceso.
Pero sus nombres aparecen en un oficio –remitido al coronel Samuel Darío Bernal Rojas, director encargado de la Policía Antinarcóticos–, en el que se advierte que ya se ordenaron los descuentos por las horas de vuelo que cobraron de más.
En ese listado hay un teniente coronel que suma 1.076 horas irregulares, un mayor con 992 y otro oficial del mismo rango con 958. También aparece un capitán con 852 horas a las que no tiene derecho.
“Un oficial aparece con 400 horas en un día. Un mayor reportó, en 2008, que voló 200 horas en un día. Y un capitán voló 100. Pero la norma internacional señala que ningún piloto policial puede volar más de 8 horas diarias”, aseguró una fuente enterada del expediente.
Además, se halló el caso de un piloto con 2.257 registros que superan las 8 horas diarias de vuelo, y el de otro uniformado que tiene 643 anotaciones similares.
Los investigadores de la Inspección de la Policía también encontraron el caso de un mayor al que le validaron 700 horas de vuelo antes de ser piloto, y un grupo de uniformados que estando en curso de ascenso fueron llamados a conducir aeronaves: “Esto está totalmente prohibido”.
“Otra trampa consiste en graduar de pilotos a oficiales con problemas físicos, como desviación de columna. Un teniente coronel, suspendido por la Escuela de Aviación Policial por no ser apto para volar, consiguió una licencia privada y terminó siendo el copiloto de un subalterno (capitán) en un avión Cessna”, reza en el reporte oficial.
Este tipo de conductas constituyen un claro detrimento del erario, cuya cuantía se está analizando ahora mismo. La razón, según fuentes de la Policía, es que esas horas de vuelo infladas se reflejan en pagos adicionales que la Policía está empeñada en recuperar.
“La prima de vuelo se paga así: si vuela 4 horas mensuales, recibe el 20 por ciento adicional del sueldo básico mensual, porcentaje que se aumenta en un 1 por ciento por cada 100 horas de vuelo hasta completar 3.000 horas. De 3.000 en adelante se le computará el 0,5 por ciento por cada 100 horas adicionales y se le entregan al piloto aeronaves más complejas y costosas”, precisaron las fuentes.
También dijeron que se revisan las actuaciones de otros oficiales que han pasado por la Antinarcóticos, por petición directa de autoridades de Estados Unidos.
“En el caso de los pilotos y las horas de vuelo se evalúa si el caso de remite a la justicia penal, sin importar que estén devolviendo el dinero que estaban cobrando de más”, advirtieron.
Uso de repuestos de segunda
El diario El Tiempo estableció que aparte de las horas infladas de vuelo, también hay otras irregularidades que se investigan, incluso, con el apoyo de agentes federales.
Uno de esos casos es la compra e instalación de repuestos de segunda que habrían generado accidentes, como el ocurrido el 2 de mayo de 2018, en Ibagué. Ese día, en el aeropuerto Perales, se estrelló el avión Beechcraft C99 –matrícula 0203– de entrenamiento de la Policía. Murieron el mayor Andrés Valbuena, piloto instructor con más de 7.000 horas de vuelo, y los tenientes Carlos León y Juan Sosa.
Si bien primero se dijo que los hechos se debieron a una falla humana, un informe de la Junta Investigadora del Grupo de Seguridad Operacional del Área de Aviación Policial concluyó que la falla fue técnica, tras haberle hecho mantenimiento con repuestos de segunda que hicieron pasar como nuevos. Esto lo corroboró la firma Pratt & Whitney Canada Corp., por lo que se abrió una investigación por homicidio en la Justicia Penal Militar y se le dio traslado a la Procuraduría.
Tomado de El Tiempo
