SAN LUIS, ANTIOQUIA (26 MAR 2024) – En un operativo efectuado en zona rural del municipio de San Luis, Antioquia, la Fiscalía General de la Nación logró la captura de Carlos Amilkar Giraldo González, señalado de estar vinculado a una red de extorsión que operaba en nombre del ELN. El arresto, llevado a cabo el pasado 24 de marzo, culminó con la imposición de una medida de aseguramiento en centro carcelario contra Giraldo González, quien fue sorprendido recibiendo 60 millones de pesos, parte de una extorsión que ascendía a 300 millones de pesos.
La víctima, propietario de una finca en la vereda San Pablo, había sido amenazado de muerte en caso de no cumplir con el pago exigido. Este caso no es aislado; evidencias indican que, en las últimas semanas, residentes de la zona han sido coaccionados bajo la misma modalidad, con demandas que varían entre 100 y 300 millones de pesos, a cambio de garantizar su seguridad y la de sus familias.
La operación de captura fue ejecutada por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en colaboración con el Gaula Militar, quienes además de detener a Giraldo González, incautaron un celular y procedieron a inmovilizar una motocicleta utilizada para la comisión del delito. El implicado, enfrentando cargos por extorsión, se declaró no culpable frente a las acusaciones.
Este incidente destaca el persistente desafío que representan las actividades delictivas vinculadas a grupos armados en el país, y pone de manifiesto el compromiso de las autoridades colombianas para combatir la extorsión y garantizar la seguridad de los ciudadanos en todas las regiones, especialmente en áreas vulnerables a la influencia de organizaciones criminales.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
