YOPAL, COLOMBIA (16 AGO 2024) — Dos personas fueron enviadas a prisión tras ser judicializadas por la Fiscalía General de la Nación, bajo sospecha de estar involucradas en delitos de secuestro extorsivo, extorsión y porte ilegal de armas en los municipios de Hato Corozal y Villanueva, en Casanare.
Carmen María A. M. y Nazario M. C. fueron imputados por estos delitos en procesos independientes, luego de ser capturados por la Policía Nacional en operativos realizados en las últimas semanas.
Acosta Martínez fue detenida el pasado 29 de julio en cumplimiento de una orden judicial vigente, tras su presunta implicación en un caso de extorsión ocurrido el 31 de marzo en Hato Corozal. Según la investigación, la mujer habría exigido a un hombre el pago de 120 millones de pesos bajo amenazas a su integridad, utilizando el nombre del frente 10 de las FARC para intimidar a la víctima.
Por otro lado, Nazario M. C. fue arrestado en Villanueva mientras recibía una considerable suma de dinero, presuntamente relacionada con una extorsión llevada a cabo en nombre del Clan del Golfo. Los hechos investigados se remontan al 17 de julio, cuando cuatro individuos llegaron a una finca en la zona rural de Tauramena (Casanare) y exigieron al administrador el pago de 35.000 pesos por cada hectárea de arroz sembrada.
Ambos procesados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien decidió imponerles medidas de aseguramiento en centro carcelario. Ninguno aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.