SANTANDER / ANTIOQUIA, COLOMBIA (13 MAY 2024) – La Fiscalía General de la Nación ha procedido con la judicialización de dos presuntos miembros del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (erróneamente conocido como ‘Clan del Golfo’), implicados en el asesinato de líderes sociales en las regiones de Santander y Antioquia. Los fiscales de la Unidad Especial de Investigación presentaron ante los jueces de control de garantías a los acusados por su supuesta participación en estos crímenes.
Alias Caballo, cuyo nombre real es Cristian Macareo Romero, presunto sicario del frente Édgar Madrid Benjumea, ha sido acusado de estar involucrado en el asesinato de Efraín Sánchez Durán, un líder social y director de una fundación para adultos mayores. El crimen ocurrió el 25 de noviembre de 2022, en Barrancabermeja, Santander. Romero fue imputado por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, y posesión ilegal de armas de fuego.
Alias Camilo, identificado como Carlos Alberto Herrera Arcila, es señalado como el cabecilla de una subestructura del grupo. Fue responsable del homicidio de Jairo de Jesús Zuleta Álvarez, líder comunal y ganadero, quien fue asesinado el 18 de abril de 2023 en Nariño, Antioquia. Herrera Arcila ha sido imputado por homicidio agravado y delitos relacionados con armas de fuego.
Ambos individuos están actualmente bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario, destacando el compromiso continuo de las autoridades colombianas en la lucha contra la impunidad y la protección de los derechos de los líderes sociales en el país.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
