Las autoridades colombianas detuvieron a ocho presuntos implicados en el atentado terrorista de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá, que en enero del año pasado dejó 22 muertos y 66 heridos.
«Se logró la captura de ocho personas que participaron en la financiación, planeación y ejecución del atentado (…) al tiempo que se impactó el patrimonio ilícito que abastecía de recursos al ELN para realizar ataques como el de la escuela», dijo el fiscal general, Francisco Barbosa, en una rueda de prensa.
En la operación las autoridades intervinieron «nueve bienes, entre inmuebles, sociedades, establecimientos de comercio y vehículos», añadió el fiscal quien compareció junto al presidente colombiano, Iván Duque; el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y el comandante de la Policía, general Óscar Atehortúa.
El atentado fue perpetrado el 17 de enero de 2019 con un carro bomba cargado con 80 kilos del explosivo pentolita que fueron detonados dentro de la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander, en el sur de Bogotá, lo que costó la vida a 22 cadetes, entre ellas una ecuatoriana.
¿QUIÉNES SON LOS DETENIDOS?
Entre los capturados, detalló el fiscal, figuran Andrés Felipe Oviedo Espinel, alias «Jesús», que recibió al parecer órdenes directas del comando central (Coce) del ELN para planificar las actividades que derivaron en el atentado, y Carlos Arturo Marín Ríos, acusado de escoltar en una motocicleta la camioneta con la que se perpetró el ataque.
También fueron detenidos Miguel Antonio Castillo Rodríguez, alias «Toño», propietario de dos empresas comercializadoras de quesos con las cuales se cree que se financió la acción, y Angie Lorena Solano Cortés, alias «Maco», sobre quien hay «evidencia que también la involucra en el acompañamiento en motocicleta del vehículo bomba activado».
Los demás capturados son Anyi Daniela Martínez Buitrago, alias «Dani»; Jessica Catherine Barrientos; Carlos Felipe Mateus Vargas, alias «Carlitos», y Luis Sebastián Mateus Vargas, alias «Sebas».
Esas ocho personas, afirmó Barbosa, tendrán que responder por los delitos de «homicidio en persona protegida en concurso homogéneo» y «tentativa de homicidio en persona protegida en concurso homogéneo».
También se les formularán cargos por actos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y rebelión.
BIENES INCAUTADOS
Sobre los bienes intervenidos, el fiscal señaló que su valor asciende a 2.000 millones de pesos (unos 547.000 dólares), y que con eso se puso fin «a una actividad comercial de venta de lácteos que habrían servido para las actividades de inteligencia y adquisición de medios logísticos para realizar el atentado».
Esa parte de la operación se ejecutó en Bogotá; en Zipaquirá, municipio cercano a la capital; en Manizales, capital del departamento de Caldas (centro), y en una zona rural de Arauquita, en el departamento de Arauca, región fronteriza con Venezuela.
El presidente Duque destacó que «el trabajo que se ha realizado por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional de Colombia ha dado resultados muy efectivos».
CONVERSACIONES DE PAZ ESTANCADAS
El ELN inició en febrero de 2017 en Quito unas negociaciones de paz con el anterior Gobierno colombiano que en mayo de 2018 fueron trasladadas a La Habana donde la última ronda de diálogos concluyó sin avances a principios de agosto de ese año, días antes de que Duque asumiera la presidencia.
Duque condicionó la continuidad de los diálogos de paz a que ese grupo deje de secuestrar y libere a las personas que tiene secuestradas.
Tras el atentado, los diálogos quedaron en punto muerto y el Gobierno colombiano pidió sin éxito la entrega de los negociadores de esa guerrilla que están en La Habana, lo que ha enrarecido las relaciones con la isla caribeña.
EFE
