México, 4 feb – Un juez federal dictó este jueves prisión preventiva al empresario del acero Alonso Ancira, extraditado el miércoles desde España para enfrentar en México acusaciones por los delitos de corrupción y blanqueo.
En la decisión, el juez de control de la prisión Reclusorio Norte, en Ciudad de México, Artemio Zúñiga, consideró que existía riesgo de que Ancira pudiera darse a la fuga.
Ahora, el empresario permanecerá en «prisión preventiva justificada» hasta que se defina su situación jurídica, el próximo martes cuando se resuelva si Ancira es vinculado o no a proceso.
Horas antes, la Fiscalía General de la República (FGR) de México solicitó la prisión preventiva contra Ancira a través del Ministerio Público quien solicitó esta medida ante el juez de control de la penitenciaría, adonde el acusado fue trasladado tras su llegada desde Palma de Mallorca (España) para enfrentar una audiencia inicial.
Esa vista fue aplazada en la noche del miércoles por la indisposición del empresario, quien padece diabetes e hipertensión, y retomada este jueves.
Su abogado, José Luis Castañeda, advirtió a la llegada de Ancira a México que la irregularidad por la que acusan a su cliente «no es un delito grave que merezca prisión preventiva oficiosa», argumento que estaba defendiendo en la audiencia.
Ante esa afirmación, la FGR ha solicitado al juez de control que decrete prisión preventiva para el conocido como Rey del Acero con el argumento de que el magnate no tiene domicilio conocido en el país y que posee la capacidad económica para escaparse.
De hecho, el antiguo dueño de Altos Hornos de México (Ahmsa) se fugó en 2019 al saber que estaba siendo investigado y fue capturado en mayo de ese año en el aeropuerto de Palma de Mallorca por las autoridades españolas, ya que sobre él pesaba una orden de extradición.
Ancira se enfrenta en México a acusaciones por delitos que causaron «grave daño patrimonial» a la compañía estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), según ha informado la Fiscalía mexicana. La investigación contra Ancira se originó por una denuncia que Pemex presentó en marzo de 2019.
Los delitos que se le atribuyen están relacionados con la investigación en marcha de la venta con un supuesto sobreprecio de una planta de fertilizantes hecha a Pemex en 2013.
Según los investigadores, la venta de esa planta fue sellada con un sobreprecio de unos 500 millones de dólares por Ahmsa cuando Pemex era dirigida por Emilio Lozoya Austin, quien también se encuentra enfrentando un juicio en México.
Fuentes del Gobierno de México indicaron que la planta de fertilizantes no tenía un valor que superara los 50 millones de dólares, por lo que se considera que el sobreprecio afectó de forma negativa a Pemex, además de que todavía no funciona por estar obsoleta.
El auto judicial argumenta que Ancira cooperó en el blanqueo de capitales de Lozoya, «pagando por adelantado» para que cuando este fuera el director general de Pemex se procediera a la «adquisición de una empresa obsoleta e inoperativa por un precio tres veces mayor del que realmente vale en el mercado, perjudicando con ello, además, los intereses públicos».
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho en diversas ocasiones estar a la espera de que Ahmsa haga el pago de los 200 millones de dólares entregados en la administración federal anterior, encabezada por Enrique Peña Nieto, por la compra de la planta de Agronitrogenados.
Sin embargo, a mediados de enero aseguró que los nuevos socios de Ahmsa aceptaron devolver los 200 millones de dólares al Gobierno, lo cual harían en varios pagos, aunque aún se espera que la FGR determine si es conveniente este acuerdo.
