Diez años del fallo de la CIJ sobre el eterno litigio de Colombia y Nicaragua

Fotografía de archivo fechada el 10 de noviembre de 2012 que muestra la vista aérea de la Isla de Providencia durante el recorrido de un patrullero marítimo de la Armada nacional sobre el archipiélago de San Andrés (Colombia).EFE/Mauricio Dueñas
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Bogotá/Managua, 18 de noviembre de 2022.- El litigio entre Colombia y Nicaragua dio un giro hace 10 años con el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que modificó los límites entre los dos países en el mar Caribe pero, lejos de zanjar la cuestión, dio pie a nuevas demandas ante ese tribunal con sede en La Haya.

En la sentencia del 19 de noviembre de 2012, por una querella presentada en 2001 por el país centroamericano, Colombia mantuvo la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como de los cayos que lo integran, y conservó 12 millas náuticas del agua que rodea estos territorios.

Sin embargo, perdió con Nicaragua casi 75.000 kilómetros cuadrados de mar, aunque ese país asegura que son más de 90.000 los kilómetros cuadrados que ganó.

De esta forma, Nicaragua pudo extenderse al este del meridiano 82, considerado por Colombia como la frontera común en virtud del Tratado Esguerra-Bárcenas, firmado en 1928 y demandado por Managua ante la CIJ en diciembre de 2001.

DISPUTA SIN FIN

Diez años después, Nicaragua conmemora con un “no tiene vuelta atrás” el histórico fallo, que Colombia recibió entonces con un “se acata pero no se aplica”, con el argumento de que los límites del país solo pueden ser modificados por un tratado internacional aprobado por el Congreso.

“Lo que hemos hecho estos diez años es decir que no se va a cumplir, que no se puede cumplir. Se inicia un proceso ante la Corte Constitucional para determinar que solamente se podían modificar fronteras por vía de tratado, cuando lo que dice la Corte (de La Haya) es precisamente que no había tratado”, aseguró a EFE el jurista colombiano Ricardo Abello Galvis, profesor de derecho internacional de la Universidad del Rosario.

Abello destacó que el fallo de 2012 determinó que todas las islas que están al este del meridiano 82 son de Colombia y allí se incluye Quitasueño, un cayo estratégico por estar situado muy cerca de la costa nicaragüense.

“Eso jurídicamente es un gran triunfo de Colombia que nadie ha valorado en estos diez años”, dijo.

Una cosa diferente piensa Nicaragua, donde el jefe del Ejército, Julio César Avilés, lo dejó claro durante el 43 aniversario de la constitución de las Fuerzas Armadas.

“Esas amplias aguas y suelo marino con todas sus riquezas son patrimonio de nuestro pueblo y aun con las limitaciones existentes seguiremos con amplio sentido patriótico, firmeza y disciplina cumpliendo con el sagrado deber de resguardar y proteger nuestras aguas y recursos ante aquellos que se niegan a cumplir una sentencia que ya no tiene vuelta atrás”, manifestó Avilés.

Para el agente nicaragüense ante la CIJ, Carlos Argüello, Colombia no tiene otro camino que aceptar el fallo y añade que una sentencia de abril pasado, que consideró que el país andino ha violado “la soberanía y la jurisdicción” de Nicaragua al autorizar actividades de pesca en aguas nicaragüenses, no hizo más que dejar en “evidencia” a Bogotá.

REGRESO A LA HAYA

Ante la decisión de Colombia de no aplicar el fallo y declarar una Zona Contigua Integral para ejercer su jurisdicción en las aguas aledañas a las islas y cayos “como archipiélago y no como territorios inconexos”, Nicaragua volvió a la CIJ en septiembre de 2013.

En esa ocasión, Managua pidió a la Corte que se declarara el “rumbo exacto” de la frontera marítima, “más allá” de los límites de 200 millas definidos en la sentencia de noviembre de 2012, así como que se le exigiera a Bogotá la derogación de leyes “incompatibles con la sentencia” y la revocación de permisos otorgados a los buques pesqueros colombianos que faenan en las aguas en disputa.

En respuesta, Colombia contrademandó, alegando que Nicaragua “ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago, en particular de la comunidad raizal”, pues sus bancos de pesca tradicionales quedaron fuera de las 12 millas náuticas estipuladas en el fallo anterior.

En abril pasado, la CIJ consideró que hay una violación de “los derechos de soberanía y la jurisdicción” de Nicaragua en su Zona Económica Exclusiva (ZEE), y exigió a Colombia “cesar inmediatamente su conducta” en esa área.

Para Argüello, es un “éxito” que la CIJ haya confirmado “que Nicaragua no ha violado derecho alguno de pesca histórico de la población raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia”, y más bien “reconoció como positivo el gesto” de Managua “al expresar interés en abordar bilateralmente por la vía de un acuerdo la situación de la población raizal”.

“Esto es una nueva victoria”, subrayó Argüello, para quien la Corte ha reconocido “completamente todos los puntos fundamentales que nosotros (Nicaragua) perseguíamos”.

Así, diez años después del fallo que debía resolver el litigio, los dos países siguen enfrentados en la CIJ, donde el próximo 5 de diciembre comenzarán las audiencias sobre la delimitación de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense.

Ovidio Castro Medina y Luis Felipe Palacios

EFE

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