La muerte confirmada de ocho niños (hoy se habla de un número mayor) en un bombardeo de las Fuerzas Militares contra alias “Gildardo Cucho”, jefe de las disidencias de las Farc en el Caquetá, en agosto pasado, abrió la discusión sobre la responsabilidad de los menores de edad que son víctimas de reclutamiento forzado.
Para entender cuál es el rol, el periódido El Colombiano habló con Juliana Pungiluppi, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quien señaló que desde esa institución les resulta lamentable el hecho y destacó que las autoridades competentes están al frente de las investigaciones. Dice que “actuarán teniendo en cuenta el interés superior de niños, niñas y adolescentes (NNA), y de nuestra Constitución”.
La entidad atiende en la actualidad a 242 menores de edad desvinculados de grupos armados ilegales, de estos, 141 ingresaron entre enero y septiembre de este año, es decir, 15,6 cada mes. Se hace cargo de ellos hasta los 18 años y, cuando cumplen la mayoría de edad, “comienzan la ruta en la Agencia de Reintegración”.
Dado el debate generado por el caso de Caquetá, ¿qué puede decir de los menores de edad que han muerto en operaciones militares y que supuestamente hacían parte de grupos armados ilegales?
“Quiero ser enfática: No podemos responsabilizar, bajo ninguna circunstancia, a los niños, niñas y adolescentes por su vinculación a grupos armados. Son víctimas de procesos de vinculación forzada o engañosa y sabemos que, principalmente en el caso de las niñas, hay una alta prevalencia de violencia sexual. Hablamos de víctimas, no de actores armados”.
¿Cómo es el proceso de restitución de derechos de esta población?
“La Alta Consejería para los Derechos Humanos formuló una nueva línea de política para la Prevención, uso, utilización, reclutamiento y violencia sexual contra NNA. Su implementación será coordinada desde la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, que reúne a 23 entidades del Estado. La línea deberá responder a las nuevas dinámicas de orden público del país, en particular de surgimiento de los Grupos Armados Organizados (GAO). Se priorizarán las zonas donde se concentran estos grupos, todos aquellos municipios de los denominados corredores estratégicos para las rutas del narcotráfico”.
En denuncias de violencia sexual contra menores de edad, según Medicina Legal, los casos se han reducido. Pasó de un promedio diario de 71 en 2018 a 51 en lo que va de 2019, ¿A qué obedece el resultado?
“Nuestros registros, de hecho, hablan de un aumento. El promedio de procesos de restablecimiento de derechos por violencia sexual en 2018 fue de 37, mientras en 2019 es de 39. Esto no necesariamente es malo, ni habla de un empeoramiento. Da fe de variables como mayor detección, denuncia y confianza”.
Medellín y Antioquia también son focos de preocupación, ¿cómo ve la región?
“Particularmente en violencia sexual, Antioquia presenta una prevalencia significativa. Desde enero de 2018 hasta la fecha, el ICBF ha registrado 840 nuevos casos. Un solo caso debería alarmar, pero la prevalencia preocupa más”.
Otro fenómeno es la explotación sexual infantil. Esas redes llegan de todo lado, incluso por las redes sociales ¿Qué trabajo se hace?
“Para contrarrestar la explotación sexual, el ICBF avanza tanto en la prevención, como en la atención especializada a víctimas. En la atención, solo en lo corrido del año se ha trabajado en 258 nuevos casos de niñas y niños víctimas, de los cuales 23 se registraron en Antioquia. Al respecto, no solo se está avanzando en mejorar la atención, sino en la detección de casos y la coordinación con Policía, Fiscalía y Medicina Legal”.
La desnutrición, en especial en regiones como Guajira y Chocó, son alarmantes ¿Cómo es la lucha contra este fenómeno que no es nuevo, pero que tampoco ha tenido solución?
“Erradicar la desnutrición es otro frente estratégico. El plan de choque se ha implementado en alianza con el Ministerio de Salud y se ha materializado en el Plan “Ni1+”, con el que se llegará a niñas y niños menores de cinco años en los departamentos con mayores tasas de desnutrición. Este plan ha permitido la reducción de las notificaciones por muertes asociadas a desnutrición en un 57 % en La Guajira y 30 % en Chocó. En este frente se cuenta con 14 Centros de Recuperación Nutricional en 10 departamentos, en los que se beneficia a los hogares de los niñas y niños con desnutrición aguda que sean tratados por el sector salud”.
Hace unas semanas se conoció la denuncia de niños indígenas comiendo basura en Puerto Carreño ¿Qué ha hecho el ICBF?
“Como parte de las acciones de Gobierno, desde el 1 de octubre, el ICBF dispuso de su capacidad para reforzar la respuesta. Se aumentaron 40 cupos en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de Las Lajas, en Puerto Carreño; 40 en el Hogar Infantil Travesuras, 150 en la modalidad 1.000 días para cambiar el mundo, cinco en el Centro de Recuperación Nutricional y 100 adicionales en el programa de Prevención de Riesgos Específicos, con énfasis en prevención de alta permanencia en calle, consumo de sustancias psicoactivas y prevención de la explotación sexual en Puerto Carreño”.
El país vive un fenómeno alrededor de la migración venezolana y las familias que vienen con sus hijos, ¿cuál es el foco del ICBF en esta problemática?
“La atención a la niñez migrante es una de las cuatro líneas estratégicas prioritarias para el ICBF. El foco está puesto tanto en brindar una respuesta oportuna tanto a niñas, niños y adolescentes migrantes, como a fortalecer las comunidades receptoras. Se busca facilitar el tránsito desde la atención en emergencias, hasta la estabilización familiar. Esto se concentra en 25 municipios, en los que el 60 % de niñas, niños y adolescentes son procedentes de Venezuela. Hemos atendido, solo en 2019, 85.322 NNA venezolanos y se han activado atenciones en 1.355 en los que menores de edad de este país que han sufrido algún tipo de vulneración”.
Y, ¿la relación con las madres comunitarias?
Aunque las madres comunitarias han planteado que irían a paro, considerando que son vulnerados sus derechos, Pungiluppi manifestó que considera que las relaciones “están en un buen momento” y destacó que se ha procurado resolver las preocupaciones sobre sus condiciones. “Hoy las 49.507 madres comunitarias del país cuentan con la garantía de un contrato laboral con las Entidades Administradoras del Servicio, que reconocen su salario, prestaciones sociales y los aportes a la seguridad social”.
Tomado de El Colombiano
