Un grupo de hombres armados, vistiendo prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y portando fusilería, llegó al corregimiento Brazo Izquierdo del municipio de San José de Uré, en el sur de Córdoba y tras obligar a los lugareños a salir de sus viviendas, asesinaron a dos personas delante de la comunidad.
Esto ocurrió el viernes pasado, día en que mataron a balazos al mototaxista Jader Polo y al seminarista Manuel Pertuz. Minutos después, los ilegales arribaron al caserío Batalito y dispararon contra Luis Velásquez y lo asesinaron. Los tres, según trascendió, hacían parte del programa de sustitución de cultivos ilícitos en Córdoba.
La Asociación de Campesinos de Córdoba, Ascscucor, relató que este hecho se registró a las 3:00 p.m. y quienes lo cometieron se identificaron como miembros del grupo armado autodenominado “Bloque Virgilio Peralta Arenas” o “Caparrapos”, quienes estaban acompañados por integrantes del autodenominado “Nuevo Frente 18”, conformado por excombatientes de las Farc.
“Sacaron de sus hogares forzosamente a todas las familias que viven en la zona céntrica del corregimiento, apuntando con sus armas a los civiles, sin importar si eran niños, adultos mayores, personas en discapacidad o mujeres en embarazo. A la gran mayoría los acostaron en el suelo, insultándoles, amedrentándolos con amenazas de muerte. De entre las víctimas de la incursión armada selectivamente arrebataron de sus hogares a los campesinos: Jader Polo y Jader Pertuz, ambos de 24 años de edad y beneficiarios del PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos)”, narra Ascscucor en un comunicado.
“Delante de la comunidad los asesinaron, con cruel sevicia y como acción terrorista. En su retiro, advirtieron que “si el Ejército subía hasta el corregimiento, regresaban para masacrarlos”. Avanzaron hacia el corregimiento Batatalito, en donde asesinaron a Luis Velásquez”, agregó la Asociación en el escrito.
Estos asesinatos, “violatorios del derecho internacional humanitario, que enlutaron a tres familias, que lastimaron a toda una comunidad campesina”, generaron traumatismo colectivo a los campesinos y con mayor razón a los niños, señala la Asociación en el comunicado.
Tras lo sucedido, Ascscucor exigió al Ministerio del Interior la eficaz implementación del Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios (Decreto 660 del 2018) que fue priorizado en 2018 para el municipio de San José de Uré.
A la Unidad para la atención y reparación integral a las Victimas de manera inmediata, al igual que al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entrar al territorio para atender a las víctimas, especialmente a la población infantil.
Al Ministerio de Defensa y sus fuerzas militares que con la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, creada y lanzada en enero de este 2019 para “restablecer el orden, la libertad y la justicia soberana” sea consecuente con la realidad del conflicto armado, la guerra fratricida e inveterada que se recrudece día a día. Durante los hechos que hoy enlutan a la comunidad, “no había presencia alguna de las fuerzas militares, tampoco en el corredor veredal y corregimental, lo que permitió el avance criminal de los actores armados irregulares que hacen presencia en el territorio”.
Asimismo, responsabilizaron de lo ocurrido al Estado colombiano, en cabeza del presidente Iván Duque Márquez, por ser quien tiene la responsabilidad primaria de protección de los derechos humanos.
Después de enteradas las autoridades, tanto Ejército como Policía iniciaron la búsqueda del grupo armado ilegal que cometió el triple crimen, sin que hasta el momento se conozcan los resultados de tal operación.