Toronto (Canadá), 16 marzo.- Un grupo de juristas solicitó este martes al Tribunal Federal de Canadá que obligue al Gobierno canadiense a revelar detalles ocultos en documentos oficiales que pueden desvelar si Ottawa presionó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de la empresa minera Goldcorp y uno de sus proyectos en Guatemala.
La vista de hoy en el Tribunal Federal fue la segunda que se celebra tras la denuncia presentada por Shin Imai, profesor de Derecho de la Universidad York (Canadá), y Charis Kamphuis, profesora de Derecho de la Universidad Thompson Rivers (Canadá), cofundadores del Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés), para que Canadá revelé la totalidad del contenido de los documentos.
La demanda está apoyada por varias organizaciones de la sociedad civil, como Above Ground y MiningWatch Canada, y solicita a los tribunales que ordenen al Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá hacer públicos la totalidad de los documentos censurados y que detallan la relación de funcionarios canadienses con Goldcorp, el Gobierno de Guatemala y la CIDH.
La intervención de Canadá ante el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) encargado de velar por los derechos humanos en el continente, se produjo después de que la CIDH solicitara en mayo de 2010 la suspensión cautelar de la explotación de la mina Marlín de Goldcorp, ubicada en el departamento guatemalteco de San Marcos.
INTERVENCIÓN DE CANADÁ ANTE LA OEA
La CIDH tomó esta decisión a petición de 18 comunidades locales y tras constatar que la mina Marlín había causado daños a la salud de los pobladores de esas comunidades, así como a sus fuentes de agua y al medio ambiente.
En junio de 2010, el Gobierno guatemalteco anunció su decisión de acatar la orden de CIDH pero un año después, las autoridades del país centroamericano dieron marcha atrás y dijeron que la mina Marlín continuaría operando a pesar de la decisión de la CIDH y la oposición de las comunidades.
Según declaró a Efe Imai, las porciones no censuradas de los documentos solicitados por el grupo de juristas al Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá sugieren que las autoridades canadienses intervinieron a favor de Goldcorp y que durante meses presionaron tanto a las autoridades guatemaltecas como a los comisionados de la CIDH.
«En los documentos se revela que un ministro canadiense (el entonces titular de Asuntos Exteriores, Peter Kent) llamó para hablar directamente con el presidente (de Guatemala). No pudo y habló con el vicepresidente unas horas antes de que Guatemala tomara la decisión final sobre la suspensión cautelar de la CIDH», dijo Imai.
Correos electrónicos del entonces embajador de Canadá ante la OEA, Allan Culham, dirigidos a altos funcionarios canadienses en el Ministerio de Asuntos Exteriores, indican que el representante de Ottawa se reunió con Santiago Cantón, entonces secretario ejecutivo de la CIDH, para tratar sobre el caso de Goldcorp.
REUNIÓN SECRETA CON GOLDCORP
Pero los documentos que explican el contenido de esa reunión entre Culham y Cantón están totalmente censurados.
Uno de los aspectos más importantes que los documentos censurados pueden revelar es si Canadá presionó a los comisionados de la CIDH para que mantuvieran una reunión secreta con Goldcorp que, según Imai, se produjo el 25 de octubre de 2010 tras una vista pública de la Comisión con las comunidades indígenas guatemaltecas opuestas a la mina Marlín.
«Hay un intercambio de correos electrónicos que indica que Goldcorp tuvo una reunión que ellos llaman ‘no oficial’ con algunos comisionados de la CIDH. Y otros que hablan de una recepción en la casa del embajador con Goldcorp para celebrar su éxito», añadió Imai.
Kamphuis dijo a Efe que Goldcorp recurrió al Gobierno canadiense después de intentar ejercer presión por su cuenta ante la CIDH.
«Goldcorp intentó abrir esa puerta por su cuenta con un bufete de abogados argentino y no le funcionó. Y de ahí fueron a los funcionarios canadienses», explicó, y añadió que todo parece indicar que «Canadá logró negociar una audiencia informal o secreta entre Goldcorp y uno de los comisionados más pro-mineros. Por lo que Canadá logró aumentar la influencia y participación de la empresa en el proceso. Eso lo sabemos con toda seguridad».
Imai señaló que el caso ante el Tribunal Federal de Canadá, que puede tardar meses en decidir si acepta la petición de los demandantes o mantiene el contenido censurado, como quiere el Gobierno canadiense, es «de gran importancia para América Latina».
«Es importantísimo porque afecta a instituciones fundamentales de la OEA, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aunque Canadá dice públicamente que es importante la independencia de la Comisión y que los Estados no interfieran en sus decisiones, en el caso de Goldcorp, Canadá intervino totalmente para que el Gobierno de Guatemala no cumpliese con la orden de la CIDH».
Imai añadió que las porciones no censuradas de los documentos solicitados por su grupo al Ministerio de Asuntos Exteriores les permiten ver que «hubo un cabildeo muy fuerte desde Canadá hacia el Gobierno de Guatemala».
«Lo importante aquí es que la decisión de CIDH fue contra el Gobierno de Guatemala. Ni Canadá ni la empresa Goldcorp fueron parte de la decisión. ¡Es como si Guatemala interviniera en Canadá para evitar que una municipalidad de este país acate una decisión judicial!», explicó Imai.
Julio César Rivas
